Desde hace un año y medio se viene anunciando, en privado y casi en público, una querella contra el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro. Incluso se llegó a celebrar una reunión en Puerto del Carmen a la que asistieron varios empresarios y abogados de diferentes imputados para sumar fuerzas y firmar esa querella, que hasta ahora no se ha puesto. A cambio, se ha ido propagando una teoría de la conspiración, a la que se han ido sumando voces (de forma proporcional a sus necesidades económicas) que cada vez alcanza explicaciones más esperpénticas sobre el origen del caso y las relaciones entre los distintos protagonistas.

En la instrucción del caso Unión se cometieron algunos errores, sí, que no invalidan el caso ni borran el rastro de corrupción, pero los delitos los cometieron los investigados y no los investigadores, y las conspiraciones las crean los que se enfrentan a varios años de cárcel y al descrédito público después de media vida de negocios lucrativos y palmaditas en la espalda. En el caso hay hechos, indicios, pruebas y confesiones más que de sobra para llevar a juicio a varias decenas de personas y para que otras tantas queden retratadas como lo que son. Sólo con lo que se sabe se puede calificar como un escándalo de corrupción de grandes dimensiones que abarca a muchas capas de la sociedad y a personas con mucho poder. De hecho, de ahí vienen sus problemas. Ningún juez se ha buscado una campaña de escarnio público por encarcelar a una red de ladrones de cobre, y eso que se producen errores monumentales y se pisotean los derechos de algunos detenidos todos los días. De detenidos sin dinero y sin influencia, lógicamente.

La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han avalado hasta ahora todas las actuaciones del caso. Todas menos una. Se anularon los registros en las oficinas de Lleó porque en la orden aparecía el nombre de otra imputada. Con esa decisión se invalidan dos de los informes que había hecho la UCO con el material incautado y que revelaban que dos ex letrados del Tribunal Constitucional (uno ahora en el Supremo) le asesoraban para que pagara menos impuestos. El sistema, cuando quiere, sabe ser rígido y cuando quiere, sabe ser flexible.

Después de esa anulación se intensificó la caza contra el juez instructor, contra el denunciante y contra todo el que pasaba por allí. Pero a pesar de los esfuerzos entrañables de algún recién llegado, la teoría se ha desinflado. Se acusó al juez de no firmar 90 autos y lo que se quería decir era que todo fue arbitrario, que se hizo sin garantías y que se detenía primero y se justificaba después. Todas las detenciones y las entradas en prisión provisional han sido avaladas hasta ahora. Cuando decían 90 autos sabían que no eran 90, sino 21 y que el resto eran providencias o diligencias de ordenación que ni las firmaba este juez ni las firma ningún otro. También disparan con una curiosa acusación: que firmó autos estando de vacaciones, cuando efectivamente fue así, algo que hacen muchos otros jueces si no se encuentran en su partido judicial y es necesario hacerlo.

El juez contraatacó, se presentó en Lanzarote  y admitió algún olvido pero no en los autos esenciales (sorprendentemente, de 30.000 folios y cien imputados, todos los supuestos errores afectan a los mismos) y denunció a su vez el robo de documentos de dentro del sumario, algo extremadamente grave. Una denuncia, por cierto, que no avanza. Y hace poco el que fue secretario del caso, avalaba la denuncia, reconociendo que los autos que se anularon (que no tenían la firma del juez, aunque no se anularon por eso) y otros que están en el procedimiento sin la rúbrica judicial, no son los originales, sino que los incorporó él mismo al sumario más tarde imprimiéndolos ante su ausencia. Es decir, que alguien se llevó esos autos, seleccionando los que le interesaban. Es más, hay otros indicios de que los archivos informáticos de esos autos pudieron ser manipulados por personas ajenas al procedimiento.

El caso es grave. Es tan grave que también ha desaparecido el DVD en el que se grabó la primera conversación entre Espino y Becerra, la que da origen al caso. Y puede que si no hay inicio, suponga el final. Al DVD se le hizo una foto y se incorporó esa imagen al sumario como el folio 208. Y ahora parece que alguien ha arrancado, no extraído sino arrancado, ese folio. Como si la página de la corrupción fuera tan fácil de pasar.