Es cansino, por lo habitual y reiterativo, en el tiempo y en los espacios, ver cómo los intereses económicos particulares de grandes empresas se acaban convirtiendo en los problemas que marcan la agenda política de la Isla, muy por delante de los problemas que asedian a una gran parte de los ciudadanos, por no decir a casi todos.

Lo hemos visto en los últimos veinte años con todo lo relacionado con el territorio, con su ordenación, con su construcción, con su legalización… Cuando el territorio dejó de ser (tanto) negocio nos advirtieron de que la presión de las empresas hacia las instituciones para conseguir contratos, concesiones y favores se trasladaría del ladrillo a los servicios públicos, como la limpieza o el agua, principalmente. Ya hemos visto cómo las grandes empresas constructoras se han ido asentando aún más en ese campo en el que ya estaban, como bien sabemos por el caso Jable y Urbaser, por ejemplo. Y también vemos cómo la llamada externalización de servicios municipales se ha visto enormemente favorecida por las políticas de cumplimiento del objetivo del déficit que marcan desde Europa y que no permiten contratar a más personal, pero sí permiten sacar a concurso todo lo que se pueda pagar.

Quizá es por todo este cúmulo de circunstancias, y su reiteración, por lo que acabamos viendo normal lo que no lo es, o dicho de otra forma: porque cuando un árbol crece y crece, nos maravillamos de sus ramas y nos olvidamos de las raíces.

El acceso al agua es un derecho humano, y por mucho que nos quieran vender que la privatización de Inalsa es una de las mejores cosas que le han pasado a la Isla, la llegada de Canal Gestión es un asunto que no va a acabar bien, ni a medio plazo ni a largo plazo. Seguiremos teniendo derecho al acceso al agua, sí, pero el derecho irá decreciendo en función de los ingresos de cada uno, y será la empresa quien consolide su derecho al beneficio, que también acabaremos por santificar como un derecho humano sin extrañarnos.

Pero no hace falta ir al medio plazo. En el corto ya estamos viendo las consecuencias de la letra pequeña, escrita con tinta invisible en el contrato con la empresa madrileña. Y volvemos al principio: los intereses económicos particulares de grandes empresas se acaban convirtiendo en los problemas que marcan la agenda política de la Isla. Y así nos va.