Desde que el presidente del Cabildo se ha quedado en minoría no da una. No es que antes fuera un ejemplo de moderación y respeto para con sus semejantes pero es que ahora se le ve nervioso, irascible... Y no se entiende, porque si ahora le sobran los informes del secretario, desde hace tiempo le sobran sus consejeros. Me explico. Según dijo él mismo, la decisión de la compra de la casa de la calle Fajardo fue una decisión técnica (sobra el consejero), lo de las ayudas de emergencia educativa también (sobra la consejera), el pliego de condiciones del vertedero de Zonzamas: decisión técnica (con la ayuda inestimable de la ya empresa amiga Professional Water & Partners), las riendas de los Centros Turísticos las lleva el consejero delegado (sobra la presidenta del consejo de administración), la política territorial la controla el Director insular (antes uno y ahora otro). Ya lo ven: personas que no se presentaron a las elecciones.

Pero la palma se la lleva, sin duda, su íntimo amigo y asesor jurídico. Ignacio Calatayud es yerno de Fernández Camero (lo que para algunos puede ser un detalle menor) y lleva asuntos del Cabildo y de otras instituciones (casi siempre para Coalición Canaria) desde el año 2004, aproximadamente. Ha dirigido pleitos, redactado informes, dictámenes, etc. Lo normal para un abogado. Hace años compartía despacho con su mujer y su suegro pero después lo dejó, con un empujoncito del PSOE (el mismo partido que ahora le mantiene) porque mientras unos mantenían pleitos contra el Cabildo, el otro asesoraba al mismo Cabildo, y claro, así es difícil aclararse. Ha llevado asuntos como el del reparto del REF, que perdió, las medidas cautelares contra Repsol, la adjudicación de una auditoría de los Centros, que perdió. También ha ganado algunos pero en líneas generales se podría decir que le ha ido mejor a él que a sus clientes.

Su asunto estrella es Inalsa. Su relación con la difunta empresa del agua ya comenzó con el famoso laudo de Janubio, y miren cómo ha terminado: el laudo bien, costando 12 millones a las arcas públicas, e Inalsa mal. Pero la amistad es la amistad así que San Ginés sigue confiando en él, y confía tanto que le deja campo libre, y quizá por eso o por otros motivos fácilmente deducibles, le ha metido en un problema haciendo uno de los ridículos más espantosos del año.

San Ginés se negaba a entregar la certificación de la deuda a FCC con unos argumentos muy peregrinos, pero siguiendo los pasos que -decía- marcaba el juez de lo mercantil. San Ginés reconocía que no había hablado con el juez, así que se guiaba por su asesor, y el juez le ha dado un repaso diciendo que una cosa es lo que se habla de manera informal y otra lo que se firma. Vamos, que los convenios están para cumplirlos y que el Cabildo no se puede comportar como un trilero (esto es ya no lo dice el juez, lo digo yo, modestamente). Y San Ginés ha puesto en un compromiso a los siete alcaldes y se ha arriesgado a perder la quita de nueve millones de euros por un ¿capricho, desliz, descuido, error? de Calatayud, uno elegido a dedo que manda más que los elegidos en las urnas. ¿Y nadie va a pedir explicaciones? ¿Y responsabilidades?