El concurso para cubrir la línea marítima de servicio público obligatorio entre la Península y Canarias, y sobre todo las reacciones posteriores al concurso, son un ejemplo ideal de cómo funciona la gestión política, o de cómo no funciona.

Precisamente este es uno de esos asuntos recurrentes que nunca se solucionan y que vuelven a la actualidad de vez en cuando para seguir dando vueltas sobre el mismo eje sobre el que se habían dado unos años atrás. Por eso no se entiende que siempre, inevitablemente, sea una sorpresa el hecho de que no se obligue a las navieras a hacer una parada en Lanzarote, entre otras islas.

Vamos a intentar explicarlo brevemente: El Gobierno considera que hay unas líneas marítimas de obligado cumplimiento y por eso subvenciona esas líneas y saca un concurso. La obligación solo es para el pasaje aunque los barcos son de pasaje y de carga y el interés local reside más en la carga que en el pasaje. La solución está clara para todos: declarar de servicio público la parada en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma para obligar a las navieras a hacer escalas, partiendo de la base de que estas líneas no son rentables, que ya es mucho suponer. Lo curioso es que las líneas que son inequívocamente rentables, es decir, Gran Canaria y Tenerife, son las únicas protegidas, y subvencionadas, por el Gobierno. Dicho de otra forma, si el Gobierno, tan liberal, dejara de sacar este concurso, las navieras, tan liberales, seguirían llevando sus barcos con pasaje y mercancías a las dos islas más grandes porque seguirían siendo rentables por su volumen de población y de negocio.

Cuando se dice que “la solución está clara para todos” quiere decir para todos (los que se han pronunciado): todos los partidos (al menos en las islas pequeñas), los empresarios (vale lo anterior) y las instituciones (Gobierno y cabildos). PP, PSOE y CC, de acuerdo en todo.

La cuestión es que si es un asunto estratégico no se explica que las gestiones para lograrlo no sean continuas, tanto desde los cargos del PP con sus compañeros de Gobierno, como del resto de cargos en otras instituciones, o en las conversaciones entre el Gobierno de Paulino Rivero (que ahora pide que se anule el concurso) y el Ministerio de Fomento.

Otra cosa es que si el concurso no se ha adaptado a esta demanda no es solo por la ineptitud de los representantes públicos, sino porque, obviamente, hay alguien a quien le interesa que las cosas sigan así porque obtiene un beneficio privado. Y otra cosa más es que posiblemente hace años que el objetivo de ese concurso y sus consecuencias prácticas son dos líneas divergentes, porque se supone que se convoca para garantizar una conexión, que ya está garantizada, y porque, si el Estado interviene es para garantizar los mismos derechos o servicios a todos los ciudadanos de todas las islas, y es obvio que eso tampoco ocurre.

Así que, si es difícil cambiar algo cuando todo el mundo está de acuerdo, imagínense cuando surgen discrepancias.