La semana pasada se conocía una sentencia que evita, al menos de momento, que el Ayuntamiento de Arrecife tenga que pagar veinte millones por la expropiación del solar frente a Ginory. Es uno de esos suelos que pasó a ser zona verde. En este caso, de industrial a zona verde.

La propietaria, Aurora Fuster, recurrió el Plan General de 1991 y solicitó que se anulara la recalificación o que se iniciara la expropiación. En 2002 los tribunales le dan la razón y al Ayuntamiento se le presentan dos opciones: ejecutar la sentencia mediante un convenio urbanístico o pagar la expropiación.

No hace ninguna de las dos cosas, así que la Junta de expropiación tasa el suelo en 30 millones de euros. Esta decisión sí se recurre. Seis años después, como no cobró y debió considerar que el valor del suelo seguía al alza, la propietaria pide una retasación, pero le sale mal. Se lo tasan en 20 millones.

En junio de 2010 esa tasación ya es firme, porque el Ayuntamiento, con Cándido Reguera como alcalde y Pedro de Armas como concejal de urbanismo, deja pasar los dos meses que tenía para recurrir. Es entonces cuando la propiedad pide que se incluya en los presupuestos el pago de esa cantidad. Y esto es lo que, tras el cambio de dirección letrada, se acaba de ganar. Los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento.

Lo que no había hecho el Ayuntamiento hasta entonces era discutir el título de propiedad. No lo hizo en los tribunales y no lo hizo en julio de 2010 en el Jurado de expropiación, adonde acudió la Jefa de la Oficina técnica. No se trataba de negar la propiedad sino de discutir si la finca tenía las características que decían que tenía. Y resulta que no las tiene. Los más de 10.000 metros que reclama, tirando del hilo y buceando en el Registro de la propiedad, se convierten, tras la agrupación de dos fincas, en poco más de 1.800 metros, y además, todo el terreno está afectado por la Ley de Costas.

Este dato es importante, porque, en caso de pagar, probablemente sería el Gobierno central quien pagase. No hacía falta una gran investigación para conocer ese dato. Si el Ayuntamiento hubiera solicitado, cosa que no hizo, una nota en el Registro sobre esa finca, hubiera podido comprobar fácilmente que la parcela está afectada por la Ley de Costas. Porque lo pone claramente. Aún queda que se pronuncie el Tribunal Supremo, pero indirectamente en esta sentencia ya se avanza la invalidez de la tasación y se han podido poner en cuestión los metros que pertenecen a la propiedad.

El caso del Islote del Francés, que aún no ha presentado un pleito, puede ser muy similar porque las características del suelo son prácticamente las mismas, y el futuro de otras reclamaciones millonarias puede ser parecido.  Veremos si hay suerte y el Ayuntamiento (y los vecinos con él) no se arruina y sigue una línea de defensa del interés general y no de intereses especulativos. Ah, y ya que estamos, que las zonas verdes se conviertan en zonas verdes y no en aparcamientos con tierra y picón.

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