Setenta y dos horas después de que Diario de Fuerteventura publicara que la Audiencia había rechazado el intento de Blas Acosta de evitar el banquillo de los acusados en el caso Gesturpa, el presidente del Gobierno de Canarias se fotografiaba en el Mirador con el renovado líder de los socialistas majoreros. Como si el auto de la Sección Primera que preside Miguel Ángel Parramón no existiera, como si la Fiscalía no solicitara para el actual viceconsejero de Economía cuatro años y tres meses de cárcel y como si no hubiesen indicios sólidos de un quebranto económico millonario en la gestión de la empresa pública y en el Ayuntamiento de Pájara, utilizado para pagar los platos rotos en forma de crédito incobrable de más de 1,6 millones de euros.

A estas alturas, está claro que a Ángel Víctor Torres no le importa orillar el Código Ético del PSOE y esa máxima de que cualquier cargo al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal está obligado a dimitir. También es obvio que ha decidido anudar su imagen al destino judicial de un político que ha preferido anteponer sus intereses a los del Partido Socialista de Fuerteventura y que, como preludio de la próxima campaña electoral, tendrá que desfilar por el Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario, en doble sesión, el 25 y 26 de octubre.

El clamoroso silencio de Torres sobre el vía crucis judicial de su viceconsejero de Economía no es novedoso en la Isla. Sucede lo mismo en las habitualmente agitadas ondas hertzianas del dial majorero, que muestran su lado más dócil en estas ocasiones especiales. En términos jurídicos, la línea de defensa ya esbozada por Blas Acosta, con el carné número 21 de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, choca con el poder del que siempre le ha gustado presumir. Gesturpa estaba en causa de disolución, él era el administrador, pero la responsabilidad era del pleno del Ayuntamiento. En el que, como todo el mundo sabe, no mandaba nada.