Marcial Riverol
[Lunes, 7 de febrero de 2011]
¿Errores técnicos o responsabilidad política? Se me ocurren varias preguntas en torno al arranque de palmeras realizado en el Monumento al Campesino una vez que desde la primera corporación insular se achaca la medida a una amplia, laxa y confusa frase, tal que “error técnico en el tratamiento administrativo”, que es lo mismo que decir que no saben qué decir.
Podríamos preguntar por la justificación de Medio Ambiente para el traslado y la causa que lo motiva, quién contrata a la empresa privada Jardicán y quién emite la autorización para trabajar en un bien público, quién es el depositario de las palmeras, y en qué lugar se trasplantaron, si se informó del protocolo para su arranque, así como del momento en que se debía llevar a cabo (la de menor actividad vegetativa). Y se me ocurren todas esas preguntas porque es habitual que las especies vegetales protegidas, sujetas a un control y a algunas determinaciones, sean tratadas con escaso celo, derivándose de ello la pérdida de un bien escaso como es el patrimonio vegetal con que contamos.
Con las actuaciones del Cabildo se les podrá llenar la mesa de papeles con informes, pero lo realizado hasta ahora indica que los arranques de palmeras en las cunetas de las carreteras, justificadas por obras, resultan chapuceras, y lo han venido siendo desde tiempo atrás, pues de las que son objeto de traslado, un alto porcentaje de ellas no aguantan la actuación, ya por lo agresivo de los procedimientos de arrancado como por la falta de cuidados y tratamientos recuperadores ulteriores. Del mismo modo se justifica por escrito la destrucción expresa de ejemplares sin la más mínima cancha a otras posibilidades.
Tanto éstas, como muchas de las arrancadas en otras oportunidades, en lugares diversos, disfrutaban de buen porte, aunque las extremas condiciones del suelo de las del Monumento, por ser de naturaleza rocosa, no iban a garantizar una gran altura de los ejemplares, motivo que hay que considerar para dar respuesta a quienes han manifestado que entorpecían, o iban a entorpecer, la contemplación de la obra de Manrique. Si bien es esta una respuesta cargada de preocupación por la obra del artista, también es cierto que las intervenciones arquitectónicas y su relación con la naturaleza siempre pareció una de las máximas de aquel, y no parece que nadie, por el riesgo que ello conlleva, deba actuar con carácter retroactivo pensando en lo que quería el artista o lo que manifestó respecto a la realización de obras, pues, desgraciadamente, su desaparición es un hecho irreversible. Otra cosa otorgaría a sus contemporáneos las atribuciones para actuar a día de hoy en nombre de Manrique, lo que, para la integridad y entendimiento de su obra, no parece lo más adecuado.
Para evitar otras interpretaciones de lo que quiero poner de manifiesto, vaya a modo de ejemplo la obra realizada en el Islote de Fermina, siendo consejero del gobierno de Canarias Manuel Fajardo Feo, que llenándosele la boca con “finalizar la obra de Manrique”, cuestión nunca admitida por la Fundación con muy buen criterio, nos legó tamaño engendro tal que un “agujero negro” por el que salieron ingentes cantidades de dinero público. Cerrado, deteriorado, y de tan burda calidad y tratamiento que ni con otro millón de euros se recompone.
En lo que nos ocupa, como titular, y por las atribuciones que tiene encomendadas, corresponde al Cabildo velar con impecable celo y transparencia en todas sus actuaciones, el mismo celo que pretende con algunos ciudadanos, dicho esto porque generalmente sólo se exige a quienes somos considerados ciudadanos de segunda y no nos podemos sentar en los despachos a pedir tratos de favor. Ya han demostrado que en la concesión de una autorización para una gasolinera en Yaiza hay una decisión política y menor celo, y también hay decisiones arbitrarias cuando ellos mismos actúan en los bienes de titularidad pública bajo la tutela del Cabildo, más veces de lo que la discreción permite, pudiéndose narrar políticas de hechos consumados que, sin empezar en Los Dolores, tiene continuación con ese asunto y pasa incluso por Los Jameos. Esta no es sino una más, y no la primera en el mismo lugar, que se han quedado tras un manto de despiste.
Son otras muchas las obras que se pueden justificar como cosa de técnicos, pero están detrás decisiones políticas, aunque sepamos que estén acordadas con los técnicos pata negra que hacen política en la trastienda y que probablemente son inductores de algunos asuntos, que podríamos calificar también como “agujeros negros”.
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