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Pura energía

 

Mario Alberto Perdomo

[Lunes, 5 de mayo de 2008]

 

 

 

 

 

 

 

Está sobre la mesa el avance del Plan Territorial que ordena las infraestructuras energéticas de Lanzarote. Así que a leer y a pensar para abrir el debate. La inversión total del paquete de infraestructuras propuesto por el equipo redactor asciende a 636 millones de euros, mientras que los plazos de ejecución se concentran en su mayor parte en el período 2008-2015. Por último, se sugiere diversos emplazamientos para los diferentes equipamientos, barajando distintas alternativas posibles, entre las que sobresale la localización tradicional que se ha consolidado al norte de Los Mármoles, en Punta Grande. Bueno, veamos qué tenemos.

Los autores del Plan Territorial Energético plantean la construcción una nueva central térmica, una planta de almacenamiento de hidrocarburos, una central minihidráulica, el aprovechamiento de las olas del mar, varios parques eólicos y varias plantas fotovoltaicas. Todo necesario, pero cuesta un pastón que, traducido a las antiguas pesetas, suma cien mil millones.

La nueva central térmica tendría una potencia de 300MW y un coste de la inversión de 140 millones de euros. La planta de hidrocarburos tendría una capacidad de 100.000 metros cúbicos y un coste de la inversión de 40 millones de euros. La construcción de la planta de generación y almacenamiento de hidrógeno supondría un coste de inversión de 15 millones euros. La potencia de la central minihidráulica sería de 3MW y una inversión en torno a los 6,3 millones de euros. El aprovechamiento de las olas conllevaría una inversión inicial de 15 millones de euros para lograr una potencia de 5 MW. Los parques eólicos tendrían una potencia de 150 MW y un coste de inversión de 150 millones de euros. Y para las plantas fotovoltaicas se prevé una inversión de 270 millones de euros con el objetivo de conseguir una potencia total de 45 MW.

Visto así, la viabilidad de este Plan Energético pasa por la participación de la iniciativa privada, mientras que los recursos públicos provendrían de la Comunidad Autónoma y de la Administración General del Estado, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Si no se aclara quiénes aportan los capitales y a no ser que estos adquieran compromisos financieros claros, la viabilidad del Plan estaría en entredicho.

 

 

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