Varios imputados en la primera pieza separada del caso Unión que se va a juzgar el próximo mes de octubre han solicitado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas la suspensión de la vista oral alegando una cuestión prejudicial penal.

Estos imputados, entre los que se encuentran la ex concejal del PIL, Luisa Blanco, y Dimas Martín, fundador del partido, pretenden que se aplace esa vista hasta que no se resuelva el procedimiento abierto en el Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife que investiga la denuncia del primer juez de la causa, César Romero Pamparacuatro, por la desaparición o el robo de varios autos, de detenciones y registros, relevantes dentro del caso.

Hay que recordar que en el sumario, de más de 30.000 folios, aparecieron varios autos sin la firma del juez ni del secretario judicial y que la actual instructora de Unión, Silvia Muñoz, citó a Pamparacuatro para que subsanara la falta de firma, pero el juez se negó a firmar más de veinte autos alegando que no se trataba de los originales, ya que él los había firmado en su momento.

Lo que sí hizo Pamparacuatro fue poner una denuncia por la desaparición de esos autos, que se tramita en el Juzgado número 3. Posteriormente, el entonces secretario de la causa, José Ramón Vera, reconoció que esos autos no eran los originales y que él los había incorporado al sumario imprimiéndolos de nuevo.

El caso es que varios de estos imputados en esta pieza y otros, como el abogado Felipe Fernández Camero o Luis Lleó, imputados en otras piezas de Unión, se han personado como perjudicados en el procedimiento abierto por el robo de autos e intentan frenar el juicio aludiendo a que no se debería celebrar hasta que no se resuelva la denuncia porque sus conclusiones pueden ser relevantes.

Intentan frenar el juicio alegando que hay una investigación sobre el supuesto robo de autos

El juez Rafael Lis, que instruye esa denuncia de Pamparacuatro, ha declarado el secreto de sumario, pero, a pesar de que las actuaciones son secretas, ha permitido personarse a los imputados de Unión e incluso les comunica los autos acordando las prórrogas del secreto.

Este hecho ha servido para que puedan documentar ante la Audiencia Provincial que hay una causa en marcha que podría afectar a la pieza que se va a juzgar. Fuentes jurídicas consultadas consideran que se trata de un hecho anómalo aceptar la personación de unos imputados en una causa secreta, puesto que si es secreta no se sabe qué se está investigando.

Rechazo de la Fiscalía a suspender

Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial la que decida si hay motivos para la suspensión después de que la Fiscalía se haya opuesto al aplazamiento.

La petición de suspensión del juicio suele ser habitual cuando se trata de piezas separadas que se juzgan antes que la pieza principal porque los imputados argumentan que hay que esperar a que haya una la decisión sobre la validez de las pruebas. En Canarias, ya ocurrió algo similar con el caso del Grupo Europa, que nacía del caso Faycán, y que se juzgó antes, sin que se suspendiera el juicio.

Los imputados de la pieza Batllori

La vista oral de esta primera pieza del caso Unión se deberá celebrar a partir del próximo 16 de octubre en Arrecife, donde hay previstas cinco sesiones que se completarán con cuatro sesiones más en Las Palmas en noviembre.

En esta pieza están imputados Francisco Rodríguez Batllori, Dimas Martín, Luis Blanco, la ex consejera del Cabildo de Lanzarote Plácida Guerra, el yerno de Dimas Martín Rafael Elorrieta, ex gerente de Inalsa, y el ex concejal de Arrecife, José Miguel Rodríguez, que no sólo ha reconocido los hechos sino que ha devuelto el dinero.

Seis años de prisión para Dimas

La Fiscalía solicita seis años de cárcel para Dimas Martín, por dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, y ocho años de cárcel para Rodríguez Batllori por los mismos dos cargos, más un tercero de falsificación de documentos.

Batllori percibió del Ayuntamiento 16.941 euros y 21.882 euros de Inalsa y la acusación sostiene que el fundador del PIL influyó para que facturase a las citadas entidades por trabajos supuestamente inexistentes, mientras que hacía gestiones para conseguirle el tercer grado penitenciario.

A los otros cuatro acusados, la Fiscalía pide que se les imponga una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo a José Miguel Rodríguez. Para este último pide un año de cárcel por haber colaborado con la investigación y depositar los 16.941 euros que admite haber pagado desde el Ayuntamiento a Rodríguez Batllori.