El empresario Jesús Manuel Martín Brito ha depositado en el Juzgado de Arrecife 50.851 euros que le abonaron de forma directa, como persona física, en el Ayuntamiento de Arrecife y que según la investigación del caso Unión se efectuó por contrataciones irregulares.

Martín Brito depositó el jueves en el Juzgado de Arrecife, según adelantó La Provincia, la citada cuantía económica, que es la que según el auto de la juez Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, recibió en contrataciones directas que no cumplían con la ley de contratos del sector público. Un dictamen pericial también apunta la “posible duplicidad de facturación”.

Cabe destacar que Martín Brito admitió en el Juzgado, por primera vez el 28 de mayo de 2009 y con posterioridad en varias ocasiones, “la exigencia y pago de comisiones” para contratar con el Ayuntamiento de Arrecife en la etapa del PIL en el gobierno municipal.

En el auto de la jueza Silvia Muñoz que declara terminada la instrucción en el caso del cobro de comisiones en el Ayuntamiento capitalino, se señala que Martín Brito, a través de la empresa Infogelan Fontanería, de la que es administrador, facturó también al Ayuntamiento “desde enero de 2008 a febrero de 2009 a través de la Concejalía de Parques y Jardines” casi 1,2 millones.

Martín Brito reconoció desde el primer momento que le habían exigido el cobro de comisiones de entre un 10 y un 15%

La jueza también destaca que el empresario “habría aceptado abonar entre el 10 y el 15 por ciento de las cantidades facturadas al Ayuntamiento de Arrecife” como “condición previa para la adjudicación de obra y el pago de facturas por servicios ejecutados”. Según la instructora del caso Unión,  “dicha comisión habría sido exigida por Dimas Martín”, fundador del PIL

“Dimas Martín, a través de Ubaldo Becerra Robayna y José Miguel Rodríguez Sánchez, con la finalidad de atender a gastos de financiación del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y usos privados”, habría exigido las citadas comisiones, señala la jueza.

Para contratar de manera directa a la empresa de Martín Brito, los concejales del PIL fraccionaban los contratos para eludir los controles de la ley de contratos del sector público, que hubiera exigido concursos públicos.

Como persona física facturó al Ayuntamiento 50.800 euros que ahora devuelve pero a través de Infogelan facturó 1,2 millones

La jueza destaca que el proceso contaba “con el beneplácito de la jefa del departamento de contratación”, Elena Martín, hija de Dimas Martín, “y con la colaboración necesaria del Interventor del Ayuntamiento”, quienes “omitieron conscientemente las funciones propias de sus cargos cuyo cumplimiento habría podido impedir o dificultar la atribución directa y fraudulenta” de los contratos.

Así, “se abonaran indebidamente y a costa de la descapitalización de las arcas municipales cinco facturas idénticas libradas con una diferencia de 18 días”, relativas a la reparación de zaguanes en la calle Clavijo Fajardo, “que supuso un detrimento de dinero público cuantificado en 99.258,6 euros”.

“Los concejales que participaron en el cobro de comisiones exigidas” a Martín Brito “serían al menos dos más del grupo PIL” de aquella época, Antonio Machín y Luisa Blanco, que junto a José Miguel Rodríguez, concejal de Hacienda de entonces, participaron “en el reparto del dinero obtenido del empresario que se avino en entregar la comisión solicitada como medio para la adjudicación y cobro de las cantidades así debidas”.