El ex concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra, para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel en la pieza 12 del caso Unión, una de las principales y que afecta a la corrupción detectada en el Consistorio capitalino, ha devuelto en el Juzgado parte del dinero que se le reclama por el cobro de comisiones ilegales.

De esta forma, Becerra se suma a la lista de arrepentidos que ha confesado y que, además, asume el pago de las cuantías que se le reclaman. Cabe destacar que seis de los 14 procesados del caso Unión a los que se investiga por comisiones ilegales han reconocido los hechos y han iniciado la devolución del dinero.

Becerra está acusado de asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación de caudales públicos.

Becerra, que fue concejal de Urbanismo y de Parques y Jardines después de las elecciones de 2007, se enfrenta a la misma pena que el líder histórico del PIL, Dimas Martín, que es el único de los cuatro acusados de pertenecer a una asociación ilícita que no ha reconocido los hechos de los que se le acusa.

Así, han confesado el ex concejal José Miguel Rodríguez, el tesorero del PIL Matías Curbelo y el propio Becerra. Además, han hecho lo mismo los empresarios Antonio Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito y Manuel Reina Fabre, que contrataban con el Ayuntamiento de Arrecife.

Becerra se enfrentaba a una solicitud de pena de 17 años de cárcel y culpa de su situación a la “inactividad” de su anterior defensa

Al Ubaldo Becerra le impusieron una fianza de más de 600.000 euros, de los cuales 400.000 son de multa. Entre finales de julio y principios de octubre ha ingresado en el Juzgado algo más de 10.000 euros, que se corresponde con la “quinta parte del total del perjuicio causado” destaca su defensa en un escrito remitido al Juzgado hace unos días.

Además, Becerra ha ofrecido su vivienda “en garantía de las responsabilidades civiles restantes” a que “pudiera haber lugar” y el inmueble ha quedado embargado.

La instrucción de la pieza 12 del caso Unión concluyó en mayo, con la apertura de la fase de juicio oral. En junio la Fiscalía presentó el escrito de acusación, con penas bajas de prisión para cinco acusados que habían reconocido los hechos. Así, mientras para Becerra solicitaba 17 años de cárcel, para José Miguel Rodríguez se pedían cuatro años y siete meses al tener en cuenta los atenuantes de reparación del daño, colaboración y confesión.

El pasado mes de julio, Ubaldo Becerra cambió de abogado y también varió la táctica en el procedimiento, devolviendo parte del dinero defraudado y asumiendo como ciertos los hechos relatados por la Fiscalía.

“Impulsor del descubrimiento de los hechos”

En un escrito presentado a comienzos de octubre, la defensa de Becerra destaca que reconoció el cobro de comisiones cuando se le detuvo en mayo de 2009 y "quien únicamente desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos".

De los cuatro procesados por asociación ilícita para el cobro de comisiones el único que no ha confesado es Dimas Martín

Gracias a su confesión se pudo implicar a otros concejales y conocer las comisiones que pagaron algunos empresarios. Señala la defensa de Becerra que su actuación sirvió "para desentramar los hechos perseguidos y que el resto de imputados le siguieran posteriormente en esa conducta". Llega a decir que fue "el impulsor del descubrimiento de los hechos facilitando la identidad de los de los intervinientes en los hechos investigados", y destaca que aportó datos y documentos.

El ex concejal culpa de su situación actual a su anterior abogado, al que acusa de “inactividad”, y por ese motivo dice que no compareció en el Juzgado a ratificar su declaración inicial y tampoco abonó las responsabilidades civiles, al tiempo que muestra su arrepentimiento y su deseo de seguir colaborando.

Fue esa inactividad de su anterior defensa, señala, la que le impidió "involuntariamente culminar la colaboración emprendida con los tribunales para el esclarecimiento de los hechos y la reparación de los daños". Pide que se le atenúe la pena especialmente en lo referente a la malversación de caudales públicos, donde solicita una reducción mayor que la que se pide para José Miguel Rodríguez.

Más detalles

DECISIONES. Becerra era uno de los dos concejales que se encargaban, según el relato de Fiscalía, de adoptar las decisiones administrativas que habrían forzado a los empresarios al pago de comisiones, como el retraso en las órdenes de pago, la concesión de una licencia, el fraccionamiento de contratos o el pago de facturas falsas o con precios inflados.

PARTICIPACIÓN. El ex concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife intervino en los expedientes relacionados con la empresa Hercasa, a la que se le exigían 100.000 euros de comisión, con La Palmita que pagó 20.000, con Infogelanz, a quien le adjudicaron 94 contratos o con Construcciones Reina.