La asociación Transparencia Urbanística (TU) ha presentado su escrito de acusación en el caso Stratvs, en el que eleva a 21 años de prisión la petición de pena para el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, al considerarle responsable de tres delitos de tráfico de influencias.

La Fiscalía ya solicitaba una condena de 15 años de cárcel para Rosa por delitos de falsedad en documento oficial, de usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio con daño grave a un espacio natural protegido, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente por excavar de forma ilegal en un espacio protegido.

Por cada uno de los tres presuntos delitos de tráfico de influencias que añade Transparencia Urbanística en su escrito de acusación solicita dos años de prisión. Para la asociación, el tráfico de influencias se aprecia en la concesión de las licencias y permisos ilegales, en la presunta modificación catastral de las parcelas de la bodega, y en que el Ayuntamiento de Yaiza le cobrase menos de lo que debiera en impuestos municipales.

Transparencia Urbanística añade en su acusación tres presuntos delitos de tráfico de influencias que atribuye al promotor de la bodega

Así, Transparencia señala que es algo “inédito” en Canarias “la construcción de un complejo turístico de nueva planta en un espacio natural protegido” y su “puesta en funcionamiento y explotación durante casi diez años a pesar de las evidencias de ilegalidad”, algo que “nunca hubiera sido posible sin el continuado ejercicio de pleitesía de funcionarios y autoridades frente al poder de influencia del señor Rosa”.

“Si para el Ministerio Fiscal, Stratvs representa el mayor delito ambiental cometido desde la declaración de Lanzarote como reserva de la biosfera, para la asociación Transparencia Urbanística Stratvs es la representación física del sometimiento vergonzoso del estado de derecho al poder del dinero”, afirma el colectivo en su escrito de acusación.

La asociación añade con respecto al escrito de acusación de la Fiscalía un presunto delito de fraude a la administración pública en el pago del impuesto de construcción, de la tasa por la licencia urbanística y de la tasa por expedición de documentos.

Stratvs “nunca hubiera sido posible sin el continuado ejercicio de pleitesía de funcionarios y autoridades frente al poder de influencia” de Rosa

Transparencia Urbanística subraya que Rosa, en nombre de Piedad del Río Sendino, esposa del arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas, copropietaria de los terrenos y que aparece durante buena parte del expediente como promotora, declaró que el presupuesto de las obras ascendía a unos 183.000 euros, por lo que se abonaron apenas 9.847 euros en diversos tributos al Consistorio.

En cambio, la asociación resalta que en la declaración de obra de las instalaciones se declara como valor de lo construido 865.460 euros, una cifra que se eleva a más de 5,5 millones según la tasación inmobiliaria realizada por la consultora especializada Tinsa a instancias del dueño de la bodega. Por ello, el colectivo entiende que se debieron abonar en tributos unos 287.000 euros más de los que se pagaron.

287.000 euros de fraude al Ayuntamiento

De este presunto delito de fraude a la administración, Transparencia Urbanística acusa al entonces secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, para el que pide dos años de cárcel, y al técnico municipal Pablo Carrasco, para quien solicita otros dos años de prisión.

Acusan a dos funcionarios de 'concertarse' con Rosa para que pagase los tributos municipales en base a un presupuesto "visiblemente maquillado"

La Fiscalía ya solicitaba año y medio de prisión para el ex secretario municipal por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, y pedía cinco años de cárcel para Carrasco por dos delitos de prevaricación urbanística.

El colectivo considera que Fuentes y Carrasco "se concertaron" con el promotor "para cobrar, de forma consciente y deliberada, una licencia de una obra cuyo presupuesto estaba visiblemente maquillado y que no se correspondía con lo ya ejecutado".

Otro delito para Reyes

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se tendrá que enfrentar a un presunto delito de prevaricación por omisión, por no parar la construcción de la bodega a pesar de conocer la ilegalidad de las instalaciones. TU solicita una condena de un año de cárcel, que se suma a los siete años que ya le pedía la Fiscalía por cuatro delitos de prevaricación.

Reyes dictó una resolución en abril de 2003 en la que ordenaba la paralización de las obras de Stratvs a raíz de la denuncia de un particular. Para Transparencia Urbanística, ese decreto fue “papel mojado” porque “nunca llegó a cumplirse”, gracias a “la connivencia consciente y flagrante de funcionarios y representantes públicos”.

Nueva acusación

Transparencia Urbanística también ha formulado acusación contra Juan César Muñoz Sosa, que era Director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias en 1999, cuando se le concedió la licencia a Stratvs. El colectivo le acusa de prevaricación y pide su inhabilitación durante 12 años.

Para la asociación, la autorización a la bodega respondió “a una decisión política protagonizada por el entonces Director general de Urbanismo” después de un “cambio de criterio” sobre Stratvs de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, constando en el expediente “informes desfavorables”.