Este miércoles por la mañana ha comenzado el juicio contra Dimas Martín por las obras en su casa de Los Rostros (Yaiza), en suelo rústico y sin los permisos oportunos, una de las piezas que se investigó en el caso Unión. El juicio, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife, se ha suspendido en cinco ocasiones.

En octubre, la vista oral se volvió a posponer, en esta ocasión por una operación del abogado de Dimas, Manuel González Peeters, que también defiende a Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín en Noós.

El juicio se pospuso en cinco ocasiones, después de que se fijara para diciembre del año 2015 y para enero, marzo, septiembre y noviembre de este año.

La Fiscalía solicita para Dimas Martín una condena de dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio

Dimas Martín se enfrenta a la petición por parte de la Fiscalía de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, así como a una multa de 12.000 euros y a la inhabilitación para promover obras.

Según el escrito de acusación, Martín, entre marzo y mayo de 2009, llevó a cabo obras de transformación del suelo y de ampliación de la casa sin licencia de obras ni calificación territorial.

Las obras de la casa fueron denunciadas, pero la pieza nace del caso Unión, ya que los pinchazos telefónicos a Martín no sólo revelan las obras que se estaban haciendo sino también los intentos por evitar la sanción o la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Yaiza.

Obras ilegalizables

Las obras son ilegalizables porque están en suelo rústico de protección natural y consistieron en “la construcción de una piscina de unos 30 metros cuadrados, ampliación de tres habitaciones para uso residencial de aproximadamente 90 metros a una edificación ya existente, haciendo una superficie total de unos 178,50 metros, terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros y amurallamiento de parte de la finca”.

La Fiscalía sostiene que fue Dimas Martín quien hizo las gestiones de ejecución, supervisión y contratación de las obras, aunque quien aparece como promotora es su esposa Elena “para eludir las responsabilidades que le pudieran generar por la actividad desarrollada en contra de las normas de ordenación del territorio”.

El "parapeto"

Según la Fiscalía, la esposa de Dimas “jamás tuvo conocimiento de lo realmente ejecutado por su esposo y de las reales intenciones de utilizarla a ella como parapeto de ulteriores exigencias de responsabilidades por la ejecución de las obras descritas”.

En esta pieza estuvieron imputados varios funcionarios de Yaiza y varios cargos públicos por las supuestas gestiones en favor de Dimas Martín, como el alcalde de Tinajo Jesús Machín, el ex concejal de urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez y la alcaldesa, Gladys Acuña, aunque finalmente la causa se archivó para ellos.

El Ayuntamiento de Yaiza, tras recibir una denuncia, había abierto un expediente sancionador a las obras y Dimas intentó negociar con la alcaldesa Gladys Acuña que el expediente finalizara sin sanción alguna.