El presidente del Cabildo y del Consejo insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha presentado una denuncia en la Policía Nacional, remitida al Juzgado de instrucción número dos de Arrecife, en la que se considera que la empresa Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja en Playa Blanca, y “sus representantes”, supuestamente han cometido cinco delitos: contra el medio ambiente, contra la salud pública, contra los consumidores, de defraudación tributaria y de estafa.

La denuncia, registrada en la Comisaría el pasado 20 de julio, surge del expediente sancionador que se inició el 18 de septiembre del año pasado por la “venta ilegal de agua” por parte de Club Lanzarote, empresa a la que se le incautaron la planta desaladora, la depuradora y las redes de la urbanización como medida cautelar.

En la denuncia presentada por San Ginés, después de que el instructor del expediente sancionador apreciase “la posibilidad de que existan responsabilidades de tipo penal achacables a la entidad Club Lanzarote”, se destaca que la compañía vendía agua a hoteles y villas sin autorización “para la captación y desalación de aguas”, “sin la preceptiva concesión del Consejo Insular de Aguas”, sin tarifas aprobadas y “sin los preceptivos controles”, lo que “representa un claro peligro para los ciudadanos y el medio ambiente”.

El Consejo apunta a delitos contra el medio ambiente, la salud pública, los consumidores, defraudación y estafa

“La posible comisión de un delito contra el medio ambiente” se argumenta con las conclusiones de un informe elaborado por técnicos del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua, en el que se advierte que “el fango resultante de la depuración” de las aguas residuales “no se trata en modo alguno y se vierte al suelo en las inmediaciones de la estación con la consiguiente contaminación”, algo que califican de “extrema gravedad”. “Se han producido reiteradamente vertidos de lodos de manera clandestina”, subraya el informe, que también recalca que “numerosos hoteles y viviendas no están conectados a la red de saneamiento, con lo cual los vertidos se realizan sin control alguno”.

Entre otras deficiencias, los técnicos constataron que “el equipo de medición de cloro está fuera de servicio y estropeado, por lo que no puede desinfectarse el agua supuestamente depurada”. Además, Club Lanzarote “no dispone de autorización para la reutilización de aguas depuradas” y los análisis efectuados “en distintos puntos de la red de riego con agua depurada” de la urbanización Montaña Roja superan “los valores máximos permitidos de contaminación bacteriológica y microbiológica”. Por ello, en la denuncia se considera que se habría cometido un delito contra la salud pública.

La denuncia del presidente del Cabildo en el Juzgado surge del expediente sancionador por “venta ilegal de agua”

En la denuncia tramitada ante el Juzgado de guardia también se apunta un posible delito de defraudación tributaria puesto que, se asegura, “era práctica de Club Lanzarote no emitir factura” a los usuarios. “Dado que los ingresos de la entidad se estiman en más de 2,5 millones de euros anuales por la venta de agua y otros servicios es por lo que la no facturación y la no repercusión de impuestos pudiera haber dado lugar a un fraude”, señala la denuncia, “que supere la cuantía de 120.000 euros” por ejercicio, el límite para que se considere delito.

También se considera “cierto” en la denuncia que Club Lanzarote “no tenía aprobadas ni autorizadas tarifas para la venta de agua y de otros servicios”, que se cobraba “a los consumidores sin ofrecer el detalle del consumo mensual” y sin que se estos pudieran verificarlo y que “se cobraban tarifas diversas en supuestos idénticos y derramas en caso de roturas de infraestructuras” y “no por servicios al usuario”. Estas presuntas irregularidades en la denuncia se consideran indicios de delitos contra los consumidores y estafa.

El Consejo reclama 35,6 millones a Club Lanzarote

El instructor del expediente sancionador a Club Lanzarote por la desalación de agua en Playa Blanca y su venta a particulares y empresas concluye que el Consejo Insular de Aguas debe “exigir a la empresa la obligación de restituir la totalidad de los ingresos ilícitamente obtenidos por la venta de agua durante los últimos 15 años”, que se estiman en 35,6 millones de euros, a razón de unos 2,3 millones por año.

“Mantener el servicio” por “interés general”

El instructor pidió el pasado 22 de junio que se suspendiera el procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial resolviera sobre posibles “responsabilidades penales”. También entiende que se tendría que “proceder a la clausura de la actividad de abastecimiento y depuración de agua, así como a precintar las infraestructuras”, pero añade que el Reglamento de dominio público hidráulico “permite cuando lo aconsejen circunstancias de interés general mantener el servicio”.