El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha asegurado este jueves que “todos los trabajos realizados por el letrado Ignacio Calatayud cumplen la Ley de Contratos de la Administración Pública”.

San Ginés ha salido al paso así de la apertura de una pieza separada en el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, que instruye el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja, para investigar la contratación por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote del citado abogado.

El juez Jerónimo Alonso señala en el auto que la contratación de Calatayud por el Consejo “podría implicar una omisión de las mínimas exigencias procedimentales” y sostiene, en relación al informe jurídico que avaló la incautación de la desaladora, que se elaboró sin que Calatayud “fuera contratado por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote conforme a las bases de ejecución del presupuesto” del organismo público.

San Ginés ha manifestado este jueves su "absoluta tranquilidad" tras la apertura de la pieza separada, en la que el juez le incluye como “investigado”. “Hasta donde yo sé”, indica el presidente del Cabildo, “todos los pagos han sido realizados con informes favorables de la Intervención y, en cualquier caso, bajo el mismo procedimiento que al resto pagos a los letrados externos a la Corporación".

San Ginés además ha explicado que la información relativa a los pagos realizados a Ignacio Calatayud, “ya fue enviada parcialmente al juzgado en lo que se refiere a Inalsa y al Consorcio Insular de Aguas, y entregada en su totalidad a todos los miembros de la oposición que, sin duda, conocen las bases de ejecución presupuestaria de la Corporación".

“Todos los pagos han sido realizados con informes favorables de la Intervención y, en cualquier caso, bajo el mismo procedimiento que al resto” de abogados

El presidente del Cabildo de Lanzarote explicó que la decisión de investigar los pagos a Calatayud le van a “permitir” remitirse “a partir de ahora a la propia investigación evitando así tener que salir al paso de las permanentes e infundadas acusaciones que”, asegura, recibe “cada día por parte de la oposición y del grupo mediático de siempre”.

Por último, San Ginés explicó que existen informes, tanto de la Secretaría del Cabildo como de sus servicios jurídicos, que apuntan que una directiva europea sobre contratación pública permite que “siempre que la calidad del personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, los poderes adjudicadores deben estar también autorizados a utilizar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y la experiencia del personal”.

“Ello puede ser el caso, por ejemplo, en los contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría”, señala el presidente del Cabildo en un comunicado, “por lo que los servicios jurídicos de asesoramiento jurídico y representación legal de un cliente por un abogado en un arbitraje o conciliación o en un procedimiento judicial quedan también fuera de la obligatoriedad de exigir tres presupuestos en caso de contratación de letrados, en virtud de la vigente Ley de Contratos del sector público”.