La defensa de Juan Francisco Rosa, propietario de la Bodega Stratvs, en La Geria, ha vuelto a solicitar ante la Audiencia provincial de Las Palmas que se levante el cierre cautelar de la bodega, adoptada en diciembre de 2013 por un plazo máximo de cinco años. Rosa considera que ya no se dan ninguno de los dos motivos por los que se acordó la clausura, que según su defensa son la existencia de vertidos contaminantes desde el complejo y la existencia de una red hídrica en La Geria que se pudiera contaminar por esos vertidos. Considera que el fundamento del cierre se basa únicamente en el posible delito medioambiental y no en otros posibles delitos.

La defensa del empresario insiste en que no se han analizado la conclusiones del informe de la Dirección General de aguas del Gobierno de Canarias, que no considera el Barranco del Obispo como parte del dominio hidráulico de Lanzarote. También destaca la posible legalización de Stratvs por la aprobación del Plan Especial de La Geria. Dice que, aún en el caso de que se determine que las licencias no se ajustaron en su momento al ordenamiento jurídico, “resulta irrefutable que las instalaciones han sido legalizadas o cuando menos resultan legalizables desde la aprobación del Plan Especia de La Geria” ya que Stratvs aparece recogida como elemento estructurante del paisaje protegido porque cumple “de modo especialmente destacado las funciones de mantenimiento de la actividad vitivinícola que define el espacio protegido y su promoción”.

Además, asegura que desde la adopción de la medida cautelar se ha producido una modificación sustancial de las circunstancias que provocaron su adopción, por la emisión de nuevos informes “y la obtención de nuevas evidencias de carácter puramente técnico y por lo tanto indiscutibles” que, según la bodega, corroboran que no hay perjuicio alguno al medioambiente. Se refiere a informes encargados por ellos mismos sobre el sistema de depuración de Stratvs, otro análisis de muestras realizadas en los terrenos y un estudio hidrogeológico del entorno de las fosas sépticas.

Stratvs alega que ha instalado una depuradora y que el sistema de doble red es el mismo que utilizan otras bodegas que no han sido clausuradas, y para ello aporta informes del Consejo insular de aguas. Tanto la acusación particular, ejercida por la familia Negrín, como la acusación popular, de Transparencia Urbanística, se oponen a la medida solicitada. La familia Negrín señala que no ha cambiado ninguna de las circunstancias por las que se cerró la bodega y considera que se pretende demostrar la inexistencia de vertidos y de una red hídrica, cuando ya son hechos acreditados en autos dentro del procedimiento .

Transparencia Urbanística (TU) dice en su escrito de oposición que “el señor Rosa nos ocupa una vez al año para que jueces, magistrados, fiscales y letrados reiteremos hasta la extenuación los mismos argumentos en contra del alzamiento de la medida cautelar” y hace una enumeración de todos los autos confirmando la medida, que ya pidió levantar en diciembre de 2014 y que se desestimó en primera y en segunda instancia. Según TU, decir que la bodega sólo se cerró por el delito medioambiental, es una simplificación que sólo pretende confundir y que tergiversa la realidad. Recuerda que la medida de cierre fue solicitada por la acusación particular en un escrito que recoge todo tipo de ilegalidades en el proceso de autorización, construcción y explotación de la bodega, y que esos argumentos fueron apoyados por la Fiscalía.

Transparencia Urbanística considera que el empresario “vuelve a mostrar la concepción que tiene de los órganos de la jurisdicción penal, como una gestoría al servicio de sus ocurrencias y caprichos”

Señalan, igualmente, que los acusados saben que el procedimiento contencioso administrativo sobre la validez del Plan Especial de La Geria está visto para sentencia y que es muy probable que el Plan sea anulado en su totalidad en breve, por lo que esta solicitud de levantamiento del cierre es el último intento para poder solicitar la apertura del complejo, ya que la supuesta legalización de facto que reclama Stratvs por la vía del Plan de La Geria también decaería. Añade, además, que la defensa de Rosa obvia que el Ayuntamiento de Yaiza también acordó el cierre de Stratvs, que fue ratificado mediante auto judicial.

“Afirmar que la medida cautelar adoptada tiene como límite el delito medioambiental es tan grave como afirmar que la resolución del Gobierno de Canarias autoriza el complejo construido en el Barranco del Obispo, dos falsedades de un calado tal que no resiste el más mínimo análisis de veracidad”, señala Transparencia, que recuerda a la defensa de la bodega que los tribunales ya han negado en varias resoluciones la pertinencia de los estudios solicitados por una parte, como el estudio hidrogeológico, porque los hechos se consideran demostrados en base a las conclusiones a las que llegaron tanto la unidad técnica de la Fiscalía de medioambiente como los peritos judiciales y los cuerpos de seguridad del Estado, “Dicha pretensión es excesiva hasta para el señor Rosa”, señala TU.

Por otra parte, TU combate el argumento de que todas las bodegas están en igual situación irregular pero que sólo se ha cerrado la bodega Stratvs: “La costumbre del señor Rosa de pretender igualarse en la ilegalidad, aludiendo sistemáticamente a la situación de otras bodegas existentes en el paraje de La Geria resulta cansina y estéril”, señala, porque los Juzgados ya han dictado resoluciones que niegan ese pretendido trato igualitario. “La situación de ilegalidad de Stratvs y el cúmulo de delitos que se derivan de dicha construcción no tiene igual y no es susceptible de comparación”, aseguran.

Finalmente, la asociación Transparencia Urbanística dice que todas estas cuestiones deberán resolverse en el juicio oral y considera que, con esta solicitud, “Rosa vuelve a mostrar la concepción que tiene de las administraciones públicas y en este caso en particular, de los órganos de la jurisdicción penal, como una gestoría al servicio de sus ocurrencias y caprichos, y su paralela incapacidad para entender que la medida cautelar es un mero reflejo de la existencia del Estado de Derecho”.