El Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife ha dictado un auto por el que se ordena el paso a procedimiento abreviado de un caso contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, por un delito de prevaricación por otorgar dos licencias en Playa Blanca para construir 66 casas.

El caso se inicia con una denuncia de Transparencia Urbanística (TU) en julio de 2009. Las licencias se otorgaron a las sociedades Marivista y Villas Blancas, relacionadas con el concejal de Arrecife, Pedro de Armas.

Los tres acusados, según el auto de la juez Silvia Muñoz, emitieron informes favorables a la concesión de licencia urbanística en estos dos expedientes del año 2005 “de manera intencionada y con manifiesto incumplimiento de las obligaciones de su cargo (Secretario de Ayuntamiento, Jefe de la Oficina Técnica y alcalde del Ayuntamiento de Yaiza respectivamente) pese a tener conocimiento de su clara confrontación con la normativa urbanística, ante la inexistencia absoluta de normativa que permitiera las construcciones que se autorizaron”.

En uno de los casos, de construcción de diez viviendas unifamiliares en el plan parcial Playa Blanca, no se solicitó informe previo sobre compatibilidad con el Plan Insular que debía emitir el Cabildo de Lanzarote y que era vinculante y preceptivo.

En el otro caso, para construir 56 viviendas, el Cabildo dijo que el proyecto era incompatible con el Plan Insular de Ordenación (PIO) pero el ex alcalde dio la licencia por decreto antes de conocer el contenido de ese informe, a pesar de que lo había solicitado él mismo.

Según el auto, “tampoco se recabó en ninguno de los expedientes el informe favorable y preceptivo de la Administración Pública Canaria competente en materia de vivienda, ni se le remitió a dicha Administración un ejemplar del proyecto, ni la documentación complementaria”.

Las licencias se otorgaron a las sociedades Marivista y Villas Blancas, relacionadas con Pedro de Armas

“La solicitud en ambos casos culminó con Decreto del Alcalde autorizando la nueva construcción, pese a que el mismo, a pesar del silencio intencionado de los informes técnicos y jurídicos, tenía pleno conocimiento de la falta de normativa urbanística que amparara su concesión, al ser el representante del Ayuntamiento de Yaiza en las Juntas de Compensación”, dice el auto.

Ahora, tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por TU tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de calificación y solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

Según el Juzgado, “existen motivos suficientes para la incoación del Procedimiento Abreviado y el pase a la fase intermedia o de calificación” que se desprenden de la denuncia presentada, de las declaraciones de los imputados, del examen de la documentación obrante en autos y del informe efectuado por la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural, “que pone de manifiesto los incumplimientos en la elaboración de informes y en la concesión de títulos habilitantes”.