El grupo de Podemos en el Cabildo de Lanzarote presentará en el pleno de este viernes una moción para que la institución se posicione a favor de la readmisión de las trabajadoras y trabajadores de Tragsa afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa pública puso en marcha en 2013.

Aunque la empresa pública ha comunicado la paralización del ERE, que en un principio iba a afectar a un total de 1.336 empleados, desde Podemos se suman “a la demanda de los trabajadores para la readmisión de las 560 personas que han sido despedidas en los últimos dos años”.

En Canarias, el ERE de Tragsa ha afectado a 45 de las 81 personas que componían la plantilla, mientras en Lanzarote fueron despedidas dos personas de una plantilla de 35 trabajadores.

En Lanzarote, la empresa pública lleva a cabo trabajos para diferentes organismos, incluido el Cabildo de Lanzarote, con actuaciones como la vigilancia de La Graciosa, la gestión del área de acampada de Papagayo o la restauración del museo arqueológico insular.

En las últimas semanas Podemos ha mantenido reuniones en Lanzarote y Tenerife con representantes de los trabajadores afectados por el ERE, con el fin de presentar iniciativas en Cabildos y Parlamento de Canarias.

"La comunidad autónoma canaria no puede ser ajena a decisiones injustificadas que destruyen empleo, sobre todo después de escuchar en los últimos meses al Gobierno central alardear de presunta recuperación económica y por el impacto negativo que tendrían estos despidos colectivos sobre los trabajos que le encomienda el Gobierno de Canarias", aseguran los trabajadores.

El grupo Tragsa nace en 1977 a raíz de la empresa Transformación Agraria SA para la ejecución de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Su capital es cien por cien público, cuenta con delegaciones en diversos países y en todas las comunidades autónomas.

Tragsa realiza trabajos de mantenimiento y respuesta a emergencias sociales, catástrofes naturales o accidentes climáticos para las administraciones central, autonómicas y locales.

En 2013, al amparo de la reforma laboral de febrero de 2012, la empresa puso en marcha un despido colectivo aduciendo causas económicas por caída de ingresos desde 2009. Sin alcanzar acuerdo, la empresa siguió adelante con el despido de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año.

“En muchos casos, según denuncian representantes laborales, las personas afectadas se enteraron de sus despidos al recibir la transferencia bancaria de su liquidación, sin previa notificación”, señala Podemos.

Con todo, en 2015 Tragsa volvió a obtener beneficios, viéndose obligada a realizar nuevas contrataciones para poder hacer frente a la carga de trabajo, aunque empeorando las condiciones laborales, según denuncian representantes de los trabajadores.

Podemos, que “aboga por la defensa de las empresas públicas y el trabajo en condiciones dignas”, apoya la concentración este martes por la tarde convocada por los trabajadores de Tragsa en la calle Real de Arrecife, frente a la Casa Cabildo, a las 17.00 horas.