El primer juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, ha denunciado en los Juzgados de Arrecife y en Fiscalía la desaparición de al menos 21 autos originales de la instrucción del caso.

El juez se trasladó la semana pasada a Arrecife para subsanar la falta de firma de algunas resoluciones y después de comprobar durante cinco horas esos documentos, decidió enviar, por un lado, un informe en el que refleja los documentos que firma y los que no firma, junto a sus motivos, y por otro lado, una denuncia por la “desaparición, sustracción o extracción” de los originales.

Entre los delitos que cita el juez que se podrían haber cometido estarían varios contra la Administración de Justicia y falsedad en documento oficial. El magistrado sostiene que los autos que aparecen en la causa sin su firma (sólo con la del secretario judicial) y que afectan a derechos fundamentales no son los originales.

Así, solicita que para comprobarlo se realice una reconstrucción de autos “comprobando incluso que a los ordenadores en los que se confeccionaron y guardaron no pueden acceder y accedieron más que las personas habilitadas para ello”.

Sobre esos autos dice que “todos ellos son redactados, impresos y firmados por mí personalmente, en el momento de dictarlos, debido a la trascendencia de la diligencia tal y como se hizo en la denominada operación Unión”.

En la denuncia manifiesta que las circunstancias en que se produjo la instrucción, primero denegándosele un juez de refuerzo por parte del Consejo General del Poder Judicial más el hecho de que no lo relevaran en sus funciones mientras estaba de comisión de servicios con el caso tras su traslado a la Laguna, y el paso de otros cuatro jueces instructores por el caso, han podido “incrementar el riesgo de desaparición de esos autos”.

Pide que se comprueben los ordenadores y que no accedieron "más que las personas habilitadas"

Los autos que denuncia son 21, entre abril y noviembre de 2010 y desaparecieron, en teoría, entre esa fecha y el segundo alzamiento del secreto de sumario, en julio de 2012. Cuatro de estos autos son del 18 de abril de 2010, de entrada y registro a las casas de cuatro detenidos, los primeros de la operación Jable, la segunda fase de Unión.

Otros 12 son del 27 de abril, también de registros y seis detenciones, y hay un auto decretando la libertad con fianza de Fernández Camero y otros cuatro solicitando información a bancos o a empresas. Dice el juez que “de la segunda fase, y con más de 30.000 folios, son los únicos que parece que desaparecieron”.

“Operación quirúrgica”

Pamparacuatro señala que “tal vez pudieran incluso haber desaparecido los archivos informáticos de algunos de los autos señalados”, y pone de manifiesto una sospecha: de los autos que desparecen del día 18 de abril, referidos a diligencias del día 19, hay unos firmados por él y otros no.

Parece como si se hubiera llevado a cabo, dice, “una operación quirúrgica ejecutada con un bisturí de precisión” porque sólo han desaparecido aquellos de los que no se dio testimonio a la Audiencia Provincial, que habían apelado la Fiscalía y las defensas, como es el caso de la detención y entrada en prisión de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz.

Exceso de trabajo

El primer juez instructor del caso Unión, tras su vista al Juzgado de Arrecife la semana pasada, decide firmar 44 de esos documentos y no firmar otros 52, bien porque considera que no son los originales o porque son providencias de mera tramitación.

Respecto a los que firma, que son diligencias de ordenación o providencias, pero no autos, señala que no fueron elaboradas por él “pudiéndose por tanto -por el exceso de trabajo- dejar sin firmar de una manera inconsciente y absolutamente involuntaria”.

Otros papeles sin firmar son los que ordenan la unión de actuaciones a la causa o providencias en las que se tiene por personados a los abogados de los detenidos, dictadas cuando el juez estaba tomando declaraciones “o celebrando los juicios civiles o penales dado que en ningún momento se me otorgó el refuerzo solicitado”, señala, y en otros casos reconoce que se trata de errores materiales u omisiones involuntarias.