La presidenta insular del Partido Popular (PP) y parlamentaria regional, ha culpado a Coalición Canaria y Partido Socialista de haber “aprobado el Plan General de Yaiza únicamente para legalizar las irregularidades urbanísticas”.

El Plan General se elaboró por la empresa Gesplan, que depende del Gobierno de Canarias, en manos de CC y PSOE, aunque el Ayuntamiento de Yaiza, gobernado por PIL, NC y PP, ha dado el visto bueno a los convenios urbanísticos del nuevo planeamiento.

Durante su intervención en la Comisión parlamentaria de Ordenación Territorial, Pérez afirmó que el Plan “está enfocado exclusivamente a resolver determinadas cuestiones jurídicas, de irregularidades urbanísticas, mientras se obvian cuestiones básicas, de máxima prioridad para los vecinos de los distintos núcleos urbanos, como infraestructuras mínimas y equipamientos públicos”.

Pérez recordó que el nuevo Plan General, que sustituye al que se aprobó en 1973, “deja fuera temas como el de redes de alcantarillado o de aguas pluviales, para centrarse en la mera adaptación de las infracciones”.

Para la dirigente del Partido Popular resulta “sorprendente que todo ello se  haya producido sin una explicación pública de los partidos responsables de su aprobación”. “Durante los últimos quince años, el PSOE ha basado su acción en denunciar política y judicialmente la concesión de licencias y construcción de hoteles que entendían ilegales”, afirmó.

Pérez dijo que en esa “campaña” en Lanzarote “se han gastado millones de euros, dentro de los cuales están incluidos pagos millonarios a abogados, costas, indemnizaciones por compensación y cuantiosas campañas en medios de comunicación, como la lanzada por los socialistas hace cuatro años en la que se equiparaba a nuestra isla con Marbella”.

“Tras estas continuas campañas en pro del derribo de hoteles y de criminalización de empresarios y de partidos políticos, nos encontramos que los socialistas se suman de manera cómplice a la aprobación del Plan Supletorio de Yaiza, de forma oscurantista y sin ningún tipo de explicación al pueblo de Lanzarote”, denuncia la parlamentaria y presidenta insular del PP.

Crítica a los convenios

Para Pérez, también resultan “muy curiosos los convenios que se incluyen dentro del nuevo plan de ordenación, como el del Plan Parcial Playa Blanca, con centenares de villas construidas y que fue anulado por los tribunales, además de por la Ley de Directrices y el propio Plan Insular de Ordenación”.

Según expuso en su comparecencia, “ahora se autoriza un nuevo plan parcial que dará cobertura a dichas edificaciones pero que, además, permitirá la construcción de un hotel”.

Del mismo modo, se incorpora otro convenio con Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja, para que puedan desarrollarse más de 91.000 metros cuadrados de superficie construida como compensación por haberle reducido el doble de edificabilidad en el plan insular del 91.

Con este acuerdo, “el Cabildo y el Gobierno de Canarias ya no tienen que pagar los siete millones de euros a los que estaban condenados solidariamente al 50 por ciento por sentencia judicial firme”.

En cuanto al tercer convenio con las empresas Yudaya y HD Hoteles, Astrid Pérez destaca “cómo la reordenación dentro de la urbanización Castillo del Águila da vía libre a la creación de una parcela hotelera mucho mayor que la que estaba contemplada a cambio de cesiones de suelo”.

“En definitiva, que con la aprobación del Plan Supletorio los hoteles ya quedan todos dentro de suelo adecuado”, dijo. “Se ha logrado legalizar gran parte de los establecimientos afectados al permitirles el incremento de la edificabilidad y de la ocupación de suelo hasta en un 50 por ciento”, sentencia Pérez.

Más detalles

FLEXIBILIDAD. “Frente a esta flexibilidad,  el Partido Popular considera muy grave el hecho de que se hayan omitido gran parte de infraestructuras básicas de las que dependen los servicios urbanos en el conjunto de los núcleos de población”, señaló Pérez.

INFRAESTRUCTURAS. “Salvo en Playa Blanca, en el resto de pueblos no se incluyen redes de aguas residuales y pluviales, infraestructuras hidráulicas públicas o privadas, infraestructuras eléctricas y áreas para la instalación de energías renovables o infraestructuras hidráulicas o de recogida de residuos, entre otras”.