La tercera jornada del juicio de los chalés de La Bufona tuvo como elemento principal la suspensión de las obras en el plan parcial por parte de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun): cuándo se dictó, a qué suelo afectaba y quién intervino en ese expediente.

Durante la vista declararon tres trabajadoras de la Apmun: una arquitecta, una aparejadora y una jurista. Una de ellas señaló que "la invasión de suelo rústico se detecta incluso en las fotos" y otra que, a la vista del Plan General, se veía que una parte estaba construida sobre suelo rústico de protección ecológica.

La jurista aseguró que la suspensión se dictó y que desde que se notificó se tenía que haber cumplido, pero que no se hizo el precinto por la excesiva carga de trabajo y los pocos medios técnicos y personales con que contaba la Agencia. "La suspensión se entiende que sigue vigente porque se incorpora la resolución al expediente", aseguró.

Esa orden de paralización, que vino precedida de una denuncia de la familia Murillo y otra del Seprona, fue en verano del año 2000. La defensa de los acusados intenta demostrar que en esa fecha ya se habían terminado las obras y entregado las casas, y que la orden sólo afectaba a las 14 casas en suelo rústico.

La acusación particular considera que la orden afectaba a todo el plan parcial completo ya que decía "en el ámbito de La Bufona" y que se siguieron haciendo obras e incluso concediendo licencias, como la que se dio para las baldosas y la pérgola del fiscal Pallarés.

“Alguien” no reclamó las cesiones obligatorias

El primero de los testigos en declarar fue el ex secretario municipal. Felipe Fernández Camero, que llegó a estar imputado en esta causa. Camero sostuvo que informó en dos ocasiones de que no se había hecho ni el proyecto de compensación ni las cesiones obligatorias y que "alguien no las reclamó".

La ex alcaldesa Manuela Armas asegura que los planos del Ayuntamiento no coincidían con los del Gobierno: "Había tachones"

Fernández Camero también sostuvo que hacía falta llevar a cabo la reparcelación de los terrenos porque eran de un único propietario. Dijo que recordaba bien la orden de paralización pero que no era una orden para el Ayuntamiento porque se refería sólo al suelo rústico y el Ayuntamiento no tiene competencias en suelo rústico, tampoco para sancionar.

También recordaba perfectamente que su sobrino político, el fiscal Pallarés propietario de una de las viviendas, solicitó licencia para poner unas baldosas y una pérgola y que luego había renunciado a la pérgola, y que la había pedido alguien en representación (su sobrina), pero añadió que para las baldosas no hace falta licencia y que él, como secretario, no daba licencias, y que sólo se habían suspendido las obras en curso, no todas las obras.

La ex alcaldesa Manuela Armas, que declaró como testigo, aseguró que tras hablar con Gonzalo Murillo, que fue a reunirse con ella para advertirle de que estaban edificando en sus terrenos, ordenó verbalmente paralizar cualquier licencia hasta comprobar si era cierto, y que poco después dejo de ser alcaldesa. También dijo que los planos del Ayuntamiento no coincidían con los del Gobierno: "Había tachones, se habían manejado", dijo.

El notario, con “tono desabrido”

El notario Celestino Mendizábal, propietario de una de las casas, declaró como testigo y tuvo que ser advertido, por el fiscal primero, y por la juez después, de que estaba contestado en "tono desabrido". Al notario, que declaró con las manos metidas en los bolsillos del pantalón durante gran parte de su comparecencia, le advirtió la juez: "No es necesario hablar con ese tono cuando a usted se le está hablando de forma educada".

Mendizábal aseguró que compró su casa libre de cargas, en una fina urbana y con todas las licencias, y que no ha pedido la certificación catastral ni tampoco midió su finca. La acusación le señaló que su parcela mide 323 metros en el Registro y 570 en el catastro, y el notario afirmó que "en la mayoría de las fincas no coinciden la superficie del Registro y la del catastro".