A Luis Lleó le quedan pocas cosas por intentar para que el caso Unión, o al menos la parte que le afecta, se quede por el camino y no llegue a juicio. En la pieza que le juzgará por un delito de cohecho por el que la Fiscalía le pide seis años de cárcel ya ha recusado al que debía ser el presidente del Jurado, José Luis Goizueta. Lo hizo en el mes de abril y la recusación aún no se ha resuelto. De momento, lo que ha conseguido es ganar tiempo antes de ser juzgado, porque la Fiscalía presentó su escrito de acusación en mayo de 2013 y aún no se sabe nada de la fecha del juicio.

Pero Lleó y su entorno no se han quedado ahí. De forma paralela, intentan lograr, tanto mediáticamente como en los Juzgados, en las piezas de Unión y en las que las circundan, retrasar todo lo más posible para buscar alguna rendija por la que se anule alguna actuación. Su última ofensiva judicial coincide con la ofensiva de la nueva y desconocida asociación de juristas Jiménez de Asúa, que se ha personado como acusación popular en todas las piezas del caso Unión cuando la instrucción ya estaba terminada.

Por ese repentino interés después de seis años, en algunas piezas no se les ha admitido la personación y en otras se les ha obligado a compartir la dirección letrada con la otra acusación que ya estaba personada desde el principio, algo que no les ha hecho mucha gracia.

La asociación de juristas, en un giro difícil de explicar, ha acabado denunciando ante el TSJC al primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro, algo que ya había hecho antes el propio Lleó, sumando además al fiscal Stampa entre los denunciados, pero que se acabó archivando.

Lo que hizo Lleó cuando le salió mal la denuncia contra el juez y el fiscal fue denunciar al ex secretario del caso, José Ramón Vera, y a los dos agentes de la UCO que llevaron la instrucción, en un intento más de anular todo el procedimiento. Este último mes el diario ABC se hacía eco de ese procedimiento e incluso de la denuncia de la asociación de juristas antes de que se presentara de forma oficial y aireaba la teoría de que todo el caso se ha falseado, a pesar de que ya se han dictado dos sentencias condenatorias, que no han tenido en cuenta toda esa metralla de recursos y recusaciones.

El juez Lis decide no tramitar la recusación que le planteó la Fiscalía porque considera que es “ilusoria”

La denuncia contra la UCO y el secretario la mantiene viva el juez titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis, que ha sido recusado a su vez tanto por la Fiscalía como por Vera y que, en una decisión muy poco habitual, ha decidido no tramitar ninguna de esas recusaciones, una por ilusoria y otra por extemporánea.

Lis ya fue apartado del caso que investigaba el robo de autos de Unión porque tenía interés directo en la causa, ya que había dejado personarse como perjudicado a Juan Francisco Rosa, que había contratado como abogada en el caso Stratvs a la esposa del juez.

La conexión entre la asociación Jiménez de Asúa y Lleó, además de que parece que persiguen objetivos comunes y recurren a procedimientos idénticos, está en la figura del abogado Juan David García Pazos. Esa conexión se puede extender a otros imputados de Unión, como Rosa, y no sólo porque los medios de comunicación de su propiedad alienten estas teorías, sino también porque García Pazos se personó en Stratvs representando a una asociación ecologista que acabó renunciando a él porque no se fiaba y porque Lleó se ha buscado un nuevo abogado, que es Felipe Fernández de las Heras, el hijo del eterno abogado de Rosa, Felipe Fernández Camero.

La esperanza de Lleó para tumbar el caso Unión pasa por intentar demostrar que el juez Pamparacuatro dictó unos autos estando de vacaciones en La Palma sin tener jurisdicción sobre el caso y que esos autos se anulen y anulen a su vez el caso entero. Para demostrar esto, Lleó cuenta con lo que él considera un documento esencial, que es una certificación de María Eugenia Calamita, secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), un cargo que depende del Ministerio de Justicia. Según esa certificación, Pamparacuatro tenía concedidas vacaciones durante algunos días en que firmó varios autos, lo que no demuestra ni que las disfrutara ni que perdiera la jurisdicción sobre el caso, ya que no se había nombrado a un juez sustituto.

Pamparacuatro denunció al Ministerio por entregarle sus datos personales a uno de los imputados de Unión

Lo que hizo Pamparacuatro fue denunciar al Ministerio por entregarle sus datos personales a uno de los imputados de Unión. Eso se resolverá en un procedimiento contencioso administrativo en el que Lleó también se ha personado como perjudicado, a pesar de que ya ha sido beneficiado por la entrega de esa información. El pasado mes de noviembre, Pamparacuatro pidió a la sección segunda de la Sala de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife que se apartara del caso a Lleó porque no se le puede considerar perjudicado, y la Sala le dio la razón.

La última pirueta judicial de Lleó parecía, por lo tanto, inevitable. Ahora ha recusado a los tres magistrados que forman esa Sala y que tomaron esa decisión, Juan Ignacio Moreno-Luque, Luis Helmut Moya y Jaime Guillarte.

Lleó alega que se le está violando su derecho fundamental a tener un juez imparcial y dice que los tres tienen un interés indirecto en la causa, aunque a lo largo de 23 folios de recurso no indica cuál es ese interés. Lo que sí dice es que la resolución de los tres jueces “no satisface el canon mínimamente exigible a una interpretación jurídica aceptable” y que en ese fallo hay afirmaciones que ponen de relieve una predeterminación del mismo, ya que se hacen antes de que el propio Ministerio haya contestado a la demanda.

Ahora, para resolver sobre esta recusación se deberán reunir el presidente del TSJC, que también lo es de la sala de lo civil y lo penal, los presidentes de las salas de lo contencioso y de lo social de ambas provincias y los magistrados más veteranos y más nuevos de cada una de esas salas.