Las peticiones de condena de la Fiscalía de Medio Ambiente en el caso Stratvs, cuyo escrito de acusación se ha presentado este martes, suman un total de 51 años de prisión para diversos imputados y multas de más de medio millón de euros. Para el principal imputado, Juan Francisco Rosa, la Fiscalía pide 15 años de prisión. Las acusaciones son las siguientes:

01. Promotores

Juan Francisco Rosa. Una petición de 15 años de cárcel por falsedad en documento oficial, delitos contra el territorio, el medio ambiente y el Patrimonio, usurpación de bien inmueble, tráfico de influencias, por vertidos, por falsedad en documento público y por estafa en grado de tentativa. Tendrá que indemnizar, junto a Armas Matallana, a la familia Negrín con 266.000 euros por el picón extraído y con 309.000 euros por la ocupación del terreno. Además le piden varias multas que suman aproximadamente 267.000 euros.

BTL. A la sociedad dueña de la bodega se le pide una multa de más de 100.000 euros.

Miguel Ángel Armas Matallana. La Fiscalía pide diez años de cárcel y una multa que supera los 72.000 euros para el arquitecto de la bodega por varios delitos, entre ellos, falsedad en documento oficial, usurpación de un bien inmueble y delitos contra el medioambiente, la ordenación del territorio y el Patrimonio, además de un delito continuado de falsedad en documento público.

02. Gobierno

Faustino García Márquez. Al que fuera Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canaria le piden una inhabilitación como funcionario público de 12 años por prevaricación, que no le afectaría en caso de ser condenado porque está jubilado, y una multa  de 27.000 euros.

Armando Villavicencio. Era Técnico Jurídico de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Le piden la misma pena que a García Márquez y por el mismo delito.

Juan César Muñoz Sosa. Para el ex Director general de urbanismo de Canarias, el fiscal pide el archivo de la causa.

03. Cabildo

José Juan Hernández Duchemín. Al gerente del Consejo insular de aguas le piden 15 años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público y una multa de más de 32.000 euros, por dos delitos: uno contra el medioambiente y otro similar por vertidos contaminantes.

Manuel Jesús Spínola. También fue detenido en el caso Jable, y era el Jefe de actividades clasificadas del Cabildo en el momento de los hechos. Su petición es de nueve años de inhabilitación y una multa de 18.000 euros.

04. Yaiza

José Francisco Reyes. El ex alcalde de Yaiza, condenado ya dos veces y con una petición de pena en el caso Yate de 25 años de cárcel, suma otra petición ahora de siete años de cárcel e inhabilitaciones que superan los 40 años por cuatro delitos de prevaricación y prevaricación urbanística.

Gladys Acuña. Para la actual alcaldesa, la Fiscalía solicita tres años y diez meses de prisión y 18 años de inhabilitación por los mismos delitos que su concejal de urbanismo.

Tato Rodríguez. El actual concejal de urbanismo de Yaiza se enfrenta a cuatro años y seis meses de cárcel por dos delitos de prevaricación urbanística y un delito contra el medioambiente.

Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío. Los ex concejales, miembros de la Junta de Gobierno, se enfrentan a un año y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.

Leonardo Rodríguez. Al ex teniente alcalde de Yaiza, le pide la Fiscalía un año y diez meses de cárcel, además de nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Pablo Carrasco. Al aparejador del Ayuntamiento de Yaiza, que ya tiene una condena por prevaricación, le piden cinco años de prisión por dos delitos de prevaricación urbanística y una inhabilitación de 12 años para empleo público.

Vicente Bartolomé Fuentes. El secretario del Ayuntamiento sureño, destituido también porque tiene una condena firme por prevaricación, se enfrenta a la petición de un año y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento oficial.

Andrés Morales. Al jefe del departamento de actividades clasificadas de Yaiza le piden 18 años de inhabilitación y 18.000 euros de multa por prevaricación.

05. Catastro

Blas Noda. El funcionario encargado del catastro en Yaiza se enfrenta a dos años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de falsedad en documento público.