Primero fue una campaña de acoso y derribo en prensa, después en radio y luego en ambas. En un caso que ha llegado a tener cien imputados, varios medios de comunicación han puesto los focos no de forma prioritaria, sino de forma exclusiva, en la labor de los investigadores: sobre todo en el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro y en el primer fiscal del caso, Ignacio Stampa, y no en la de los investigados. La campaña se ha ido desinflando porque se fueron acabando las municiones  y porque el fiscal interpuso una querella cuyo contenido invita a la prudencia.

De forma paralela a la batalla ante la opinión pública se ha ido desarrollando una estrategia judicial sin descanso. En la última vista de la pieza del soborno, la que dio origen al caso Unión, el fiscal Javier Ródenas le dijo a Luis Lleó, empresario y abogado, que era un “hombre de recursos”, y no porque tenga o no dinero, sino porque ha puesto más de sesenta.

Ha recurrido todas las decisiones de la instrucción y las ha acompañado de varias vistas al Juzgado en las que presumía que todo se iba a anular y que el caso iba a derrumbarse. Lo último ha sido recusar a José Luis Goizueta, el magistrado encargado de presidir su juicio.

La actual juez instructora, Silvia Muñoz, multó a uno de los muchos abogados que ha tenido Lleó a lo largo de procedimiento con 3.000 euros, rebajados a 2.000, por extralimitarse en su derecho de defensa al acusar de delitos en la instrucción a la UCO, a la Fiscalía y al juez. En la siguiente vista Lleó ya se había quedado sin abogado y se defendió a sí mismo, pero no ha dejado su estrategia sino que ha cambiado de método.

El empresario ha recurrido todas las decisiones que le afectan en el caso Unión, ha puesto tres querellas contra los que le investigaron y ahora recusa al presidente del Jurado

La misma semana que la juez dio por cerrada la instrucción y trasladó la causa a la Audiencia provincial, lo que significa que Lleó va a sentarse en el banquillo para que un Jurado popular decida si es o no culpable, el abogado puso la primeras de las tres querellas que ha puesto contra los instructores del caso.

Cada una de las tres querellas tiene más de cien folios y añade varios informes periciales que intentan demostrar que el caso Unión fue un montaje: en resumen, Lleó acusa a los instructores de hacer primero las detenciones y elaborar luego los documentos, de falsear autos, de manipular las grabaciones e incluso de detención ilegal y de otros delitos.

De lo que no da ningún detalle es del motivo que podrían haber tenido un secretario judicial, dos mandos de la UCO, un fiscal y un juez para urdir una trama, que después se ramificó y complicó, contra un abogado que no tenía ninguna relevancia. Ni tampoco quién fue el muñidor de toda esa estrategia, a no ser que parta de la base de que fue el PSOE, que en Madrid intentó frenar la investigación, el que tenía capacidad de influir en toda esa gente pero no para tumbar a sus rivales políticos sino al PIL, que era en ese momento su socio de gobierno.

La primera querella que interpuso Lleó por la instrucción del caso Unión se ha archivado y la segunda se ha pedido que no se admita

El que sí tenía contactos a alto nivel en el PSOE y en la esfera judicial era el propio Lleó, que ahora se ha quedado solo pero que siempre ha confiado en sus amigos. Lleó es, o era, amigo de Ignacio Sánchez Yllera, magistrado de la Audiencia de Madrid, ex letrado del Tribuna Constitucional y ex jefe de gabinete de Teresa Fernández de la Vega. A través de él conoció a su abogado Manuel Matamoros o a Ángel Aguallo, también letrado del Constitucional y hoy del Supremo y que en los últimos meses se ha sabido que incluso se relacionaba con soltura con la Casa Real y que facilitó que 'los Albertos' no fueran condenados.

Las pruebas que implicaban a Yllera y Aguallo en un caso de asesoramiento incompatible con sus cargos (cobraron de Lleó 150.000 euros) ya no sirven porque el TSJC anuló la orden de entrada y registro a las oficinas de Lleó, lo que hizo que el empresario comenzara a sacar pecho y a creer en sus posibilidades de que todo se anulara.

Esa es la etapa de los informes bis, los informes fantasma o los autos sin firmar que han llenado muchas páginas pero han dado muy pocos resultados. La sensación es que, una vez libres los altos cargos judiciales de todo el procedimiento, quien sostuviera al empresario lo ha dejado caer sin paracaídas. Hay otro hito en la instrucción que dio alas a este imputado, y fue el famoso informe Barrancos hecho por la segunda instructora del caso y que relataba supuestas irregularidades que al final no lo han sido, sino que más bien revelaba las inseguridades de una juez que afrontaba su primer destino.

La Fiscalía pide el archivo de la denuncia contra la UCO

La última bala han sido las querellas. Las ha puesto en el momento oportuno aunque llevaba varios años anunciándolas. Hace cuatro años se celebró una reunión en un conocido hotel de Puerto del Carmen entre imputados y abogados de imputados en la que se intentó aunar fuerzas para denunciar al juez Pamparacuatro.

En esto también se ha quedado solo Lleó, que ha acabado convirtiéndose en el único querellante, aunque con poco éxito: la primera querella, contra el juez y el fiscal, no se ha admitido a trámite, y también se le rechazó el recurso de súplica. La segunda aún no se ha rechazado pero la Fiscalía ya se ha opuesto a su admisión y la tercera, contra la UCO y el secretario judicial, se intentó unir a la denuncia que hizo Pamparacuatro del robo de autos, pero el juez Lis, que ya había sido recusado en la otra denuncia, la envió a reparto y le volvió a caer en su Juzgado.

En la tercera querella, que fue admitida a trámite por el juez Lis, la Fiscalía pide que se archive porque se trata de los mismos hechos que ya se han rechazado

Aunque tardó dos meses en incoar diligencias y dos más en notificarlo, la ha admitido a trámite pero no se han practicado diligencias ni siquiera se ha llamado a declarar a los imputados. La Audiencia Provincial, en un auto del pasado mes de enero, destacaba incluso que Lleó estaba intentando enturbiar el procedimiento por solicitar diligencias que no tienen que ver con el procedimiento y, en su petición de archivo, considera que está usando de forma fraudulenta su derecho a denunciar para revisar actuaciones procesales fuera de los cauces legales.

Todo lo que relata Lleó en sus denuncias ya ha sido analizado y descartado dentro de la causa o ha sido archivado en la primera de las denuncias. Lo curioso es que Lleó imputa los mismos hechos y delitos a los agentes de la UCO que al juez y al fiscal, y la Fiscalía considera que el Juzgado se debe inhibir porque ya se denunció en otro procedimiento y se archivó.

“Sólo este dato inhabilita al juez instructor a poder entrar a conocer, siquiera, de la denuncia de la que se nos ha dado traslado en fecha 30 de marzo de 2015”, señala la Fiscalía, que considera que el juez Lis no es competente para instruir esta causa y dice que Lleó actúa con temeridad e insiste en pedir diligencias que ya se le han negado.

Su última acción ha sido la de recusar al magistrado José Luis Goizueta, que tenía que presidir el Jurado popular que debe decidir si es o no culpable

Además de las querellas, ha seguido poniendo recursos. En el último mes, la Audiencia le ha rechazado otros dos. En uno hablaba sobre la supuesta manipulación de las grabaciones, cuando ya hay un informe policial que la descarta.

La Audiencia le dice, en resumen, que en la causa consta la confesión del intermediario, Fernando Becerra, relatando que fue el propio Lleó el que le pidió que intentara sobornar a Carlos Espino. “Lo que pretende la parte recurrente es simple y llanamente que se evacue un informe pericial que se atenga a sus intereses”, le dice la Audiencia.

Subsanación de firmas

Otro caballo de batalla ha sido la ausencia de firma en algunos autos, que dio lugar a una denuncia de Pamparacuatro por el extravío de esos documentos, que el propio secretario judicial reconoce que no eran los originales. Ese capítulo también se ha cerrado con un informe policial que dice que los documentos se crearon cuando se debían crear, poco antes de las detenciones y registros.

Tras ese informe, el juez Pamparacuatro, a instancias de la actual instructora, subsanó la pasada semana la falta de firma, reconociendo que el contenido que aparece en esos autos coincide con el que él redactó y firmó en su momento, durante la instrucción.