La nueva Ley del Suelo que impulsa el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista “no tiene la visibilidad del petróleo” pero “es tan grave” como las prospecciones para las Islas, resumió este jueves el director de la Fundación César Manrique (FCM), Fernando Gómez Aguilera, en la presentación de la plataforma ‘Por un territorio sostenible’ en Lanzarote.

Tanto Gómez Aguilera como el ex director general de Urbanismo del Gobierno canario, Faustino García Márquez; Antonio Pérez, de Comisiones Obreras; y Eugenio Reyes, de Ben Magec-Ecologistas en Acción, diseccionaron de forma crítica el contenido y las consecuencias de la Ley del Suelo cuyo anteproyecto está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria.

Gómez Aguilera adelantó que la Fundación se dirigirá a organizaciones sociales y políticas para replicar en la Isla la plataforma que se ha gestado a escala regional, con el objetivo de “aunar fuerzas” y decidir “acciones” de manera inminente para frenar la Ley del Suelo, el proyecto legislativo ‘estrella’ de los partidos que gobiernan la comunidad autónoma.

El director de la FCM subrayó el carácter “extraordinariamente neoliberal en el uso del suelo” que plantea la nueva legislación territorial, marcada por una “visión desarrollista” que ahonda en un “proceso desregulador” que tiene como finalidad “levantar los controles de legalidad” y los “límites al crecimiento”.

Así, destacó que la nueva Ley del Suelo reactivará la “burbuja inmobiliaria y de la construcción”, lo que supone una “involución” y una “irresponsabilidad de calado”. “Es el instrumento con el que se pretende hacer saltar por los aires el sistema de gestión y control del territorio”, que “concibe el suelo como mercancía, desprovista de cualquier valor emocional”.

García Márquez, con un extensa trayectoria en el departamento de Política Territorial del Gobierno de Canarias, tachó la nueva ley de “agresión a un pueblo” y a su “identidad”, y desgranó los aspectos más polémicos de la futura normativa. De entrada, resaltó que la “maraña” legal a la que aluden los partidos del Gobierno para introducir la Ley del Suelo fue “prefabricada” para abonar el terreno a un cambio legislativo como el que está en ciernes.

“La Ley del Suelo no tiene la visibilidad del petróleo, pero es tan grave para las Islas”, asegura Gómez Aguilera

Con la Ley del Suelo, añadió, se rompen décadas de “consenso” en torno a la legislación sobre el territorio y se hacen “explotar” las competencias en ordenación de la comunidad autónoma. “Se regula para unos pocos empresarios, se eliminan los controles, se refuerzan las competencias municipales, desaparece la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) y su control de legalidad, que se deriva a los tribunales, que en cualquier caso lo harían años después”, enumeró García Márquez.

Con la nueva ley, explicó García Márquez, “se derogan íntegramente las Directrices” de ordenación general y del turismo, aprobadas en 2003, y los planes insulares “no servirán para nada porque se les despoja de los aspectos más relevantes para la ordenación de la Isla”. En ese sentido, subrayó que un plan insular ya no podrá ‘congelar’ la construcción, al impedirse la recalificación de suelo urbanizable a rústico. La Ley del Suelo, apuntó, “permite suelos turísticos fuera de las zonas turísticas y se le niega al Plan Insular que regule las actividades económicas”.

Uno de los principales cambios de la Ley del Suelo es que hace recaer sobre los municipios numerosas competencias, de tal manera que tendrán capacidad “plena” para aprobar su propio planeamiento urbanístico y podrán autorizar intervenciones en suelo rústico hasta ahora en manos de los cabildos, que las otorgaban mediante calificaciones territoriales.

“Instrumentos excepcionales”

García Márquez también alertó de que “se crean siete instrumentos excepcionales” para autorizar proyectos no contemplados en el planeamiento insular o municipal, que pueden ser tanto “de iniciativa pública como privada” y que, en su formulación, dijo, “son arbitrarios” porque “se basan en el interés que aprecie la administración que ponga en marcha el artefacto”.

Este tipo de instrumentos para modificar el planeamiento con la finalidad de autorizar cualquier tipo de proyecto con incidencia territorial “arrasan con lo regulado antes” y son “ilimitados” en su contenido. García Márquez puso el ejemplo de que “se puede implantar una nueva ciudad turística” que no se preveía “si se considera de interés”, además con plazos muy cortos de tramitación. “En dos o tres meses” los proyectos “pueden salir aprobados y en algunos casos ni siquiera necesitarían licencia municipal”, lo que fomentará, advirtió, “actuaciones territoriales no planificadas y especulativas”.

El ex director general de Urbanismo pronosticó que, en la práctica, la nueva Ley del Suelo hará que no se aborde la ordenación integral de los municipios ni de las islas, sino que prevalezcan las intervenciones aisladas. “¿Quién va a hacer un plan general si se podrá sacar el campo de golf, el polígono o el hotel tramitándolo como proyecto de interés insular o autonómico?”, reflexionó.

“Especulación” en el suelo rústico

García Márquez avanzó que la Ley del Suelo “generará especulación en el suelo rústico y agrario”, además de “pelotazos”, ya que le nueva normativa da vía libre a usos como el de “ocio” o cualquiera que “genere renta complementaria” para la actividad agrícola o ganadera, con una simple licencia municipal.

“Con la declaración de interés social del proyecto, un concepto ambiguo”, el Cabildo puede autorizar mediante silencio administrativo positivo usos residenciales, de equipamientos o de servicios en suelo rústico, destacó García Márquez. Sobre edificaciones ya existentes se pueden autorizar usos residenciales o turísticos “con una simple licencia municipal”. Y mediante instrumentos excepcionales contemplados en la ley se podrán autorizar proyectos “sin dimensión” máxima.

Claves

GOBIERNO. García Márquez criticó que “un gobierno nacionalista renuncia al gobierno del territorio”, el “principal emblema y competencia” que puede tener la comunidad autónoma. En su opinión, la formulación de una legislación adecuada para las Islas en materia territorial “no se arregla con enmiendas en el Parlamento de Canarias” al texto ya existente “sino empezando de nuevo el proceso, con debate y participación”.

GOLPE. Para Eugenio Reyes, de Ben Magec-Ecologistas en Acción, la Ley del Suelo “firmada por CC y PSOE”, que “no la llevaban en sus programas y están ejecutando el del PP, que está en la oposición”, constituye “un golpe de Estado encubierto de un lobby económico”, aunque consideró que “hay mimbres en la sociedad civil para reorientar el proceso con participación” y “convertir un problema en una oportunidad”.

CORRUPCIÓN. Fernando Gómez Aguilera recordó que buena parte de la corrupción que se ha producido en islas como Lanzarote está relacionada con la “gestión del planeamiento” urbanístico y territorial, por la concesión de licencias ilegales. “La Ley del Suelo se hace al margen de la gobernanza, y genera un escenario complicado por el debilitamiento de los controles jurídicos y técnicos”.

EMPLEO. Antonio Pérez, de Comisiones Obreras, afirmó que es “contradictorio” que se justifique la Ley del Suelo para “generar empleo” cuando se hace a costa de “sacrificar el paisaje y el territorio”, los principales activos de la actividad turística. “La coartada del empleo es una propaganda engañosa”, añadió Pérez, quien criticó que la “concepción” de la ley “entiende el territorio como un solar”.

ELECTORAL. El sindicalista también respondió a las críticas de quienes cuestionan “que el debate se haga en periodo electoral”. “Queremos que nos digan qué quieren hacer con el territorio y es precisamente en campaña cuando los partidos tienen que explicitarlo”, subrayó Pérez, quien resaltó que han sido los partidos que gobiernan los que “han puesto el calendario” para tramitar la Ley del Suelo. “Ahora es cuando toca y queremos que se discuta”.

POLÍTICA. En la presentación de la plataforma en la sede de la FCM estuvieron presentes cargos públicos de diferentes formaciones políticas. Antes del acto se hizo un posado con la pancarta y quienes respaldaban la iniciativa, sumándose representantes de Podemos, Ganemos, Izquierda Unida, Somos Lanzarote, Nueva Canarias o Alternativa Ciudadana. Al coloquio asistieron las socialistas Loli Corujo, alcaldesa de San Bartolomé y diputada regional, y Eva de Anta, alcaldesa de Arrecife.