La Audiencia Provincial ha ordenado que un Juzgado de Las Palmas investigue si hubo alguna conducta irregular en la demora que se produjo por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) a la hora de dictar y notificar las resoluciones que obligan a derribar la parte de las viviendas que invaden suelo rústico protegido al norte de la urbanización.

Las resoluciones se dictaron en el año 2011, en el marco de expedientes iniciados por la Apmun por infracciones urbanísticas muy graves contra 14 viviendas construidas saltándose el precinto. Las órdenes de derribo no se comunicaron “en tiempo y forma”, destaca la familia Murillo, que interpuso la denuncia, y las resoluciones caducaron.

No fue hasta 2013 cuando se dictaron nuevas órdenes de derribo por la Agencia de Protección del Medio que, por el momento, no se han ejecutado. Murillo interpuso una denuncia para que se determinase si hubo irregularidades en la actuación administrativa, el Juzgado la archivó y la Audiencia acaba de reabrir el procedimiento para que se investigue.

La Apmun dejó caducar el expediente por infracción urbanística en 2011, dictó las órdenes de demolición en 2013 pero no las ejecuta

En otra denuncia reciente a la Fiscalía, Murillo afirma que “no parece que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural actúe conforme a la ley si a unos privilegiados se les permite construir ilegalmente y ni se les sanciona, ni se ejecutan las resoluciones firmes emitidas hace años de demolición que afectan a sus viviendas”, lo que considera que puede ser “un aparente delito de prevaricación administrativa” al no ejecutarse las órdenes de derribo de la parte de las viviendas que están en suelo rústico.

Murillo hace hincapié en que entre “los promotores de estas obras ilegalizables” se encuentra Astrid Pérez, que no continuó con el recurso por la vía contencioso administrativa para impugnar la orden de derribo, por lo que el denunciante entiende que la misma “ha sobrevenido en firme” y se tendría que proceder al derribo.