El Ayuntamiento de Yaiza se ha librado de pagar 508.000 euros a la empresa Urena Mountain, por los gastos ocasionados para la concesión de la licencia de un hotel que fue declarado ilegal por los tribunales. El permiso urbanístico fue otorgado por José Francisco Reyes para un establecimiento de más de 400 plazas en la urbanización de Montaña Roja, en Playa Blanca.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la demanda interpuesta por la compañía, que entendía que se había producido una responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Yaiza al concederle una licencia que luego fue declarada ilegal, en cuya tramitación incurrió en gastos de proyecto y pago de impuestos municipales.

La empresa hotelera exigía que se le resarciese del desembolso llevado a cabo y denunciaba un “enriquecimiento injusto” por parte del Ayuntamiento sureño, que a pesar de que no compareció en el procedimiento judicial, ni ante el Juzgado de lo contencioso número 5 de Las Palmas ni ante el TSJC, ha logrado que la Justicia le exima de pago alguno.

El Tribunal Superior de Justicia coincide con el Juzgado en  que la empresa “tenía que soportar el daño causado por la anulación judicial de la licencia”, otorgada en mayo de 1999, ya que “la ilegalidad de la licencia” era “más que patente” al existir informes “totalmente desfavorables” en el expediente.

La licencia fue anulada por los tribunales ya que el hotel debía adaptarse al plan de Montaña Roja, al Plan Insular, obtener informe de compatibilidad, aprobar un estudio de detalle y un proyecto de urbanización del sector de la urbanización, que no se había presentado. Además, había un acuerdo de suspensión de licencias turísticas desde enero de 1999, que el entonces alcalde vulneró.

‘La entidad era conocedora del riesgo, que asumió cuando decidió pagar por una licencia con informes negativos’

En la sentencia se destaca que la empresa conocía “la ilegalidad de la licencia” por los informes negativos previos y que, prueba de ello, es la “conducta” de la compañía, que no llegó a construir el hotel sino que pidió una prórroga de la licencia en 2003.

“Es notorio que fueron construidos otros hoteles en la misma Isla con licencias actualmente anuladas” y que Urena Mountain, en cambio, “decidió no construir y hacer pervivir la licencia en el tiempo” con la prórroga en vez de reclamar “la devolución” de los tributos municipales en aquel momento.

“Es decir”, subraya el Tribunal Superior de Justicia, “la entidad era conocedora del riesgo, que asumió cuando decidió pagar las tasas y los impuestos, por una licencia con informes negativos a su otorgamiento”.

El TSJC resalta que “la Corporación municipal es un todo y no solo el decreto del alcalde otorgando la licencia” y que “el matiz es importante, porque se le otorgó la licencia en contra del criterio de los técnicos municipales”.