La jueza Silvia Muñoz ha dado por concluida la investigación de la denominada ‘pieza 12’ de Unión, una de las principales ramas del caso de corrupción, relacionado con la trama de comisiones implantada en el Ayuntamiento de Arrecife en torno a Dimas Martín y otros miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

La jueza ha dictado un auto este jueves en el que finaliza la fase de diligencias previas y da comienzo al trámite de procedimiento abreviado, para que la Fiscalía y la acusación popular presenten sus escritos de acusación y las defensas aleguen lo que consideren antes de que se señale el juicio.

La instructora del caso Unión mantiene la acusación contra Dimas Martín por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación administrativa, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad documental.

Sobre Matías Curbelo, que fuera ‘mano derecha’ del fundador del PIL, pillado ‘in fraganti’ cobrando una comisión en un bar de Arrecife y que luego ha colaborado con la investigación, la jueza le atribuye asociación ilícita, cohecho y delito electoral en su modalidad de financiación irregular con falseamiento de cuentas.

Para los entonces concejales pilistas en el Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, la jueza les mantiene imputaciones las mismas imputaciones que a Dimas Martín salvo la de falsedad documental.

A los también concejales del PIL Antonio Machín y Luisa Blanco les mantiene las imputaciones de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la administración y revelación de información privilegiada.

El entonces jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y Elena Martín, jefa de Contratación del Ayuntamiento e hija de Dimas Martín, se enfrentan a acusaciones de revelación de información privilegiada y fraude a la administración.

Mantiene las imputaciones a Juan Francisco Rosa, Samuel Lemes, Antonio Cárdenas, Antonio Gómez Ruiz, Jesús Manuel Martín y Manuel Reina

Además, el interventor del Ayuntamiento capitalino, Carlos Sáenz, tendrá que responder por imputaciones relacionadas con presuntos delitos de malversación, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

En la ‘pieza 12’ del caso Unión también hay seis empresarios que continúan imputados una vez concluida la investigación: Juan Francisco Rosa, por falsedad documental; Antonio Cárdenas, por revelación de información privilegiada y fraude a la administración; y Antonio Gómez Ruiz, por cohecho, malversación, fraude y prevaricación.

Además de Jesús Manuel Martín Brito por cohecho, malversación, fraude a la administración y prevaricación; Manuel Reina Fabre por los mismos delitos; y Samuel Lemes por similares delitos con el añadido de estafa.

Archivo para varios imputados

La jueza también ha dictado el “sobreseimiento provisional y parcial” de las imputaciones que pesaban sobre los empresarios Eduardo Ferrer, Daniel Yeray Cañada y Francisco Armas, así como sobre Joaquín Herrera, que fue director de la cárcel de Tahíche, y María José Docal, consejera del PIL.

Según se destaca en el auto, el sobreseimiento se produce “al no resultar debidamente justificada la perpetración de los hechos imputados”.

30 días para las acusaciones

La jueza Silvia Muñoz ha dado un plazo de 30 días naturales, “ampliado en atención al volumen y complejidad de la causa”, a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que formulen sus escritos de acusación y para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.