La magistrada titular del Juzgado número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha dictado el auto de apertura de juicio oral por la pieza 12 del caso Unión, que investiga las comisiones cobradas por miembros del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife. Catorce personas se sentarán en el banquillo.

Muñoz impone fianzas de entre 10.000 y 718.00 euros a nueve de los acusados. A los empresarios les impone fianzas de entre 10.000 (Samuel Lemes) a 239.000 (Jesús Manuel Martín Brito, de los cuales 100.000 euros son de multa). Los otros dos empresarios acusados tendrán que cubrir las cantidades de 28.000 (Reina Fabre, con 12.000 de multa) y 70.000 (Antonio Gómez, con 20.000 de multa).

A Dimas Martín le impone una fianza de 718.000 euros, de los cuales 409.000 son en concepto de multa; y a los ex concejales José Miguel Rodríguez, Ubaldo Becerra y Antonio Machín les impone 467.000, 608.000 y 505.000 euros, respectivamente, de los cuales son en concepto de multa 220.000, 406.000 y 300.000.

Finalmente, al interventor municipal Carlos Sáenz le impone una fianza de 173.000 euros, sin multa. En caso de no poder afrontar la fianza o presentar los avales necesarios, a los acusados se les embargará sus propiedades.

La apertura de juicio oral sirve, según indica la propia resolución, “para posibilitar que el procedimiento siga adelante, después de valorar la consistencia de la acusación, y para señalar el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa”. Será la Audiencia provincial de Las Palmas quien juzgue este caso.

Acusaciones

Tal y como solicitó la Fiscalía, serán 14 las personas que se sienten en el banquillo. Para el fundador del PIL, Dimas Martín, con seis condenas de cárcel ya a sus espaldas y que disfruta actualmente del tercer grado penitenciario, solicita 17 años y medio de cárcel por asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación, con el agravante, en este caso, por reincidente.

Al ex concejal de Arrecife, Ubaldo Becerra, le acusa de los mismos delitos excepto de falsedad en documento público pero le añade prevaricación, al igual que al ex edil José Miguel Rodríguez. La petición de penas, sin embargo, es bien distinta, ya que al primero le piden 17 años y al segundo 4 años y siete meses porque se le tiene en cuenta los atenuantes de reparación del daño (devolvió una parte del dinero defraudado), así como colaboración y confesión.

A Matías Curbelo, el ex tesorero del PIL, también se le aplican esos atenuantes y sólo se le pide un año y cuatro meses de prisión, ya que gracias a su confesión se puso en marcha toda la segunda fase de Unión, la operación Jable. Se le imputa asociación ilícita, cohecho y financiación irregular del PIL. Al ex concejal Antonio Machín, que en la actualidad es representante sindical en el Hospital Insular, le piden 14 años y medio de prisión por los mismos delitos que Rodríguez y Becerra.

Funcionarios

Hay tres funcionarios del Ayuntamiento a los que se les pide penas de prisión. El interventor Carlos Sáenz se enfrenta a siete años y medio por cuatro delitos; la hija de Dimas Martin, Elena, a cuatro años de cárcel y veinte de inhabilitación para empleo público por prevaricación, revelación de información privilegiada y fraude, y el ex Jefe de la Oficina técnica, Rafel Arrocha, a otros cuatro años de cárcel por esos dos últimos delitos, al igual que al empresario y funcionario del Cabildo, Antonio Cárdenas, que se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel.

Empresarios

A tres de los empresarios implicados, que pagaban comisiones ilegales, también se les aplican circunstancias atenuantes por confesar, colaborar y reparar el daño devolviendo alguna cantidad. Son Antonio Gómez Ruiz, a quien le piden un año de cárcel, Manuel Reina, que se enfrenta a cuatro años y cuatro meses y Jesús Manuel Martín Brito, a quien le piden 15 meses de prisión. A Samuel Lemes le solicitan cinco años de cárcel. Finalmente, a Juan Francisco Rosa le piden dos años y tres meses de cárcel por falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.