La juez titular del Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, Sivia Muñoz, ha decidido finalmente no aceptar la personación en las dos principales piezas del caso Unión de la asociación de juristas Jiménez de Asúa, que pretendía ejercitar la acusación popular.

Esta asociación se había se ha presentado como acusación popular en todas las piezas del caso Unión cuando la instrucción está casi finalizada, e incluso lo había hecho en una pieza, la del edificio Marina de Naos del promotor e imputado Luis Lleó, que está archivada hace varios años.

Uno de los abogados que la representan es Juan David García Pazos, el mismo que se personó en el caso Stratvs representando a la asociación Agonane, de Fuerteventura, que acabó renunciando a él por sentirse engañados y utilizados. Este abogado había actuado en defensa de Luis Lleó en algún momento del proceso.

La asociación se quiso personar en varias piezas de Unión entre los meses de junio y julio. Una de las principales piezas ya estaba lista para la apertura de juicio oral. La juez les solicitó que aportaran la documentación que prueba su interés legítimo y la identidad de quienes forman parte de la asociación, pero tan sólo presentaron un poder para pleitos, el pago de las tasas para inscribirse como asociación y unos estatutos sin firmar e ilegibles.

Según la magistrada, esta asociación no tiene acreditados los requisitos objetivos para ser parte del proceso

Además, en pocos meses cambiaron de abogado e incluso de nombre. La asociación se llamaba "Jiménez de Asúa para la defensa de la legalidad y la justicia" y ahora se llama "para la defensa de la legalidad y las garantías del proceso". La asociación pedía la nulidad del auto de apertura de juicio oral, lo que retrasaría todo el caso y la celebración de juicio.

Según la magistrada, en una decisión que apoya la Fiscalía, esta asociación no tiene acreditados los requisitos objetivos para ser parte del proceso, en el que ya actúa como acusación popular la asociación Transparencia Urbanística.

Tampoco ha trasladado el acta fundacional para comprobar la identidad de quienes forman la asociación ni queda claro su interés legítimo ni sus fines. Primero justificaron su motivación en el "interés público" y después en la defensa de la legalidad y la igualdad ante la ley que, según dicen, habría sido "presuntamente alterada por los hechos en esta causa".