La juez que instruye el caso de la bodega Stratvs, Silvia Muñoz, ha solicitado al Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que realice una inspección a las instalaciones para comprobar el sistema de depuración y evacuación de aguas residuales y que redacte un informe detallado y urgente que se debe presentar con antelación a la vista que se celebrará el próximo día 18 para decidir sobre el posible cierre de la bodega.

En un auto fechado el pasado día 4, la juez pide que la inspección se realice en presencia del interesado y que se entregue a los agentes los proyectos que se presentaron para poner en marcha la bodega y que en el informe se exponga si el sistema de depuración se ha modificado desde su apertura en el año 2008, si existe reutilización de aguas residuales para el riego, si ese agua se infiltra en el terreno o cualquier otro dato de interés para comprobar si pudiera existir un delito contra el medio ambiente.

También solicita que se tomen muestras de ese tipo de agua, así como muestras del terreno y que se remitan “precintadas y custodiadas” al Instituto de Toxicología de Sevilla para que proceda a su análisis para conocer el grado de contaminación del agua, en caso de que exista, y los posibles riesgos para la salud.

Durante la instrucción judicial, el Seprona realizó un informe sobre las aguas residuales que señala altos índices contaminantes, al igual que la documentación del Consejo insular de aguas y la Dirección general de salud pública, y no se ha aclarado si ha cesado en la actualidad esa actividad contaminante y se ha corregido el sistema de evacuación.

La magistrada destaca que la bodega se encuentra en Espacio Natural Protegido y que la actividad de elaboración del vino no está exenta del uso de productos químicos “cuya filtración en el terreno podría tener serias consecuencias contaminantes”.

Destaca que es necesario llevar a cabo la inspección ante la presunta carencia de títulos administrativos habilitantes. En caso de que se mantengan los altos índices contaminantes se podría decretar el cierre de la bodega.

Imputación de BTL

Por otro lado, la jueza también ha acordado “la imputación como persona jurídica autora y como responsable civil de la sociedad limitada BTL Lanzarote”. Se ha citado al representante legal de la empresa para que preste declaración del 18 de diciembre.

La imputación de la empresa se produce, entre otros factores, de cara a la existencia de una “posible responsabilidad civil subsidiaria” de la citada sociedad “en relación a los presuntos delitos cometidos” contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico, el medio ambiente, contra la administración pública, de falsedad documental y contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según enumera la jueza.