Veintiuna personas imputadas y una empresa. La última imputación en el caso de la bodega Stratvs es la de Rosa María Rosa, consejera de la sociedad Hotel Princesa Yaiza, que ha sido citada a declarar el próximo lunes a petición del fiscal “en relación a un presunto delito de estafa cualificada en grado de tentativa”.

Se le tomará declaración en el Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife por “la hipoteca unilateral” de una finca para salvar una deuda con la Agencia Tributaria de la empresa hotelera.

Tal y como adelantó el pasado mes de enero DiariodeLanzarote.com, la Agencia Tributaria remitió un escrito al Juzgado dentro del procedimiento de la Bodega Stratvs, en el que asegura que el promotor de la bodega llevó a cabo un “engaño consciente” al aportar una garantía de pago de una deuda que tenía el hotel con Hacienda.

Así, se puso como garantía una finca en la que supuestamente se encuentra la bodega Stratvs, valorada en 5,5 millones, pero que en realidad corresponde a la finca colindante que está tasada en 44.000 euros porque es rústica.

El promotor logró suspender el cobro de la deuda al presentar un recurso y puso como aval de garantía de pago cinco fincas en Playa Blanca, aunque después las cambió por la finca de Stratvs. Según los indicios de la investigación sobre la bodega, las obras se registraron documentalmente en otra finca distinta a la realidad física.

Hacienda señala que el ‘engaño’ era consciente por varias razones. En primer lugar considera que la entidad deudora, el Hotel Princesa Yaiza, del que la empresa propietaria de la bodega Stratvs, BTL,  tiene algo más del 50 por ciento, está escindida y no hay acuerdo entre los socios.

En su escrito, Hacienda añade que la dueña de la bodega decidió asumir la deuda unilateralmente, aunque “sorpresivamente pone como aval la joya del patrimonio de BTL”, que es Stratvs, garantizando una deuda con una finca que en teoría tiene un valor que excede en mucho la cantidad adeudada, lo que Hacienda califica como “una solución antieconómica e impropia de un empresario como el señor Rosa, salvo que se tenga constancia del valor real de la misma”.

Lista de imputados

En el caso Stratvs también está imputada la sociedad limitada BTL Lanzarote -administrada por Juan Francisco Rosa-, como persona jurídica y como responsable civil. De esta forma, la sociedad podría responder con su patrimonio a las consecuencias de los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, el urbanismo, el patrimonio histórico, contra la administración pública, el orden socioeconómico y por falsedad documental.

En febrero del año pasado se citó a los primeros imputados: el propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana y el ex alcalde de Yaiza que concedió los permisos, José Francisco Reyes, pero poco después y tras el análisis de la documentación, el número de imputados se amplía con técnicos del Gobierno de Canarias que informaron sobre la licencia y con el técnico del Ayuntamiento, Pablo Carrasco, todos ellos por delitos contra el territorio y el medio ambiente.

Así, se produce la imputación de Rafael Pérez Marrero, que era Jefe de autorizaciones de la Consejería de ordenación del territorio, Antonio Marrero Falcón, que era el trabajador de Gesplan, Armando Villavicencio, técnico jurídico de planeamiento del Gobierno de Canarias, Juan César Muñoz Seca, que fue Director General de urbanismo entre 1996 y 1999 y del arquitecto Faustino García Márquez, que emitía informes sobre licencias urbanísticas.

Todos declararon el pasado verano, y después se les sumó un trabajador del Grupo Rosa, Luis Castro Betancort, que declaró como testigo pero acabó imputado. En el Ayuntamiento de Yaiza, además de Carrasco, han imputado también al jefe de la oficina técnica, Antonio Lorenzo, al ex secretario Vicente Bartolomé Fuentes, a Andrés Morales y al encargado del catastro Blas Noda, así como a los cuatro componentes de la Junta de Gobierno que permitieron la apertura, por prevaricación: la actual alcaldesa Gladys Acuña y los concejales Leonardo Rodríguez, Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío. La lista se competa con el responsable del Cabildo de actividades clasificadas, que informó sobre el expediente.