La Fiscalía de Las Palmas tardó más de 500 días en informar sobre un recurso de apelación dentro del caso penal de La Bufona, que se sigue contra el promotor y el constructor de 52 chalés en esa zona de Arrecife. La Fiscalía, de hecho, ha abierto un expediente informativo para conocer las causas de ese retraso.

La causa se abrió en el año 2000 pero desde el año 2008 el procedimiento penal se convirtió en un procedimiento abreviado, que es el primer paso para que se abra juicio oral. Tres años más tarde, en 2011, la Fiscalía hizo su escrito de calificaciones, pidiendo penas de cuatro años de cárcel para los dos acusados, Antonio Caro y Federico Echevarría, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave. Otros tres años después, el juicio sigue sin fecha.

Caro y Echevarría recurrieron su imputación alegando que los delitos han prescrito y pedían el archivo. En junio de 2012, el Juzgado que instruye la causa solicitó a la Fiscalía que contestara a esa petición en un plazo de cinco días, pero la Fiscalía tardó 517. Se opuso al archivo en noviembre del año pasado y tras esa fecha el caso tampoco ha avanzado. La Audiencia provincial de Las Palmas debe contestar ahora si admite el archivo de la causa por la prescripción de los delitos o si sigue adelante con el juicio.

13 años de instrucción por construir chalets en suelo rústico y aún no hay fecha para el juicio

En trece años de instrucción, éste no ha sido el único retraso. En septiembre de 2010, el magistrado instructor decidió archivar las actuaciones contra el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, que habían estado imputados también.

El denunciante del caso y propietario de los terrenos que ocupan las casas, Gonzalo Murillo, presentó una recurso de reforma contra esa decisión. La Fiscalía debía presentar alegaciones, pero más de un año más tarde, el mismo juez emitía una providencia en la que decía que la Fiscalía aún no las había presentado.

Los dos imputados que quedan en el caso se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel

Además de los cuatro años de prisión para los promotores, la Fiscalía pide el derribo de las casas que se habrían construido en suelo rústico. Se da la circunstancia de que uno de esos propietarios, Miguel Pallarés, es miembro del Ministerio Fiscal. Ejerce actualmente en Las Palmas y antes fue fiscal coordinador en Arrecife.

Pallarés ha iniciado tres denuncias contra el propio Murillo y contra la web El Agitador por considerar que se estaba atentando contra su honor y porque entendía que se le estaba haciendo responsable del retraso en el procedimiento penal, que lleva trece años de instrucción. El fiscal ha ganado hasta ahora en los tribunales en las tres ocasiones aunque El Agitador ha recurrido al Tribunal Constitucional.