La Fiscalía de Las Palmas, en un breve informe presentado recientemente al Juzgado, en el que se mostraba en contra del archivo de las actuaciones del caso Montecarlo contra el actual alcalde de Arrecife, José Montelongo, considera que no solo no hay que archivar la causa sino que los indicios de la responsabilidad penal del alcalde se han reforzado.

Según el fiscal, los documentos aportados por el ex tesorero del Ayuntamiento, Antonio Cabrera Panasco, durante sus declaraciones judiciales, corroboran la declaración de la tesorera accidental Carmen Villaverde y dejan constancia escrita del interés de Montelongo, cuando era concejal de Hacienda, “en evadir la prelación de pagos de forma inmotivada e ilegal en contra de los intereses generales municipales” y en favor de las empresas Inelcon y Señalcon.

Montelongo está acusado de aprobar el gasto para pagar facturas de esas empresas de electricidad, que llegaron a facturar, sólo en la Navidad de 2010, hasta 250.000 euros. El Ministerio Público apunta que también hubo otro reconocimiento de facturas a favor de las mismas empresas poco tiempo después del que se hizo en noviembre de 2011, “y cuyo análisis resulta imprescindible para esclarecer su participación”. El alcalde está imputado en esta pieza y en la de la empresa Tunera.

Montelongo, en sus dos declaraciones judiciales, según apunta el fiscal, “no ha sabido dar explicación mínimamente razonable a conceptos tan elementales y propios de su cargo (precisamente concejal de hacienda), como el procedimiento para el reconocimiento de una obligación de pago y ejecución del gasto, ha conformado facturas irregulares con cantidades legalmente indebidas, ha ordenado el pago de múltiples facturas irregulares y ha impulsado el reconocimiento de otras muchas por elevadísimas cantidades sin el mínimo control que dichas actuaciones exigían”.

Y todo esto lo habría hecho, “amparándose en una confianza en la labor del Interventor imputado para tratar de eximirse de responsabilidad cuando diversas circunstancias que obran en la causa invitaban, como mínimo, a lo contrario respecto de ese Interventor concreto y también de esas facturas, al recelo, y a extremar los mecanismos de control del gasto que estaban a su disposición y que no se han de ceñir únicamente al parecer del Interventor de Fondos (entre otros, “confiar” igualmente en sus tesoreros, lo cual afirma haber hecho, de forma claramente mendaz)”.

El fiscal del caso Montecarlo considera tomó una postura “claramente activa y pro-pago” de las facturas a las empresas Inelcon y Señalcon “a sabiendas de su ilegalidad”

Aunque no lo cita en el informe, la Fiscalía se refiere a que había hechos ya denunciados contra el Interventor Carlos Sáenz, como el caso de las facturas de otra empresa de electricidad, Proselan, que se juzgará este mes, y que fueron precisamente denunciadas por el PSOE, o el de los pliegos de condiciones irregulares, que es otra pieza separada en Montecarlo. El fiscal Ignacio Stampa señala sobre el actual alcalde que tomó “una postura claramente activa y pro-pago a dichas empresas a sabiendas de su ilegalidad”.

Por otra parte, en el mismo escrito el fiscal solicita el archivo de la causa contra el ex tesorero García Panasco porque considera que no hay indicios de infracción penal en su conducta y destaca que, mientras que se imputa a este tesorero no se acordó la imputación del resto de tesoreros que hicieron los pagos. De hecho, señala que no es “de los tres que actuaron con respecto a Inelcon y Señalcon, el que pudiera ser sospechoso de facilitar pagos irregulares a tales empresas”.

Además, dice que, por los escritos de la defensa de Montelongo se confirma su “animadversión” hacia ese tesorero. También destaca que Panasco manifestó a los entonces alcalde y concejal su desacuerdo con la decisión de pagar esas facturas “al margen del orden de prelación legalmente establecido ante la carencia de Plan de Disposición de Fondos”.

La personación del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Arrecife está personado en el caso Montecarlo, pero la Fiscalía no tiene claro de qué forma, y le solicita que explique “qué pretensión acusatoria ejercita y la condición en que se encuentra personado en la causa, si como acusación particular o actor civil, ejerciendo acciones penales o civiles, o ambas”, ya que de momento sólo se le tuvo personado “ambiguamente en calidad de perjudicado”.

“Tal diligencia -dice la Fiscalía- resulta imprescindible con el fin de evitar cualquier fraude procesal o la existencia de intereses coincidentes entre acusación y defensa” ya que el Ayuntamiento no ha especificado el perjuicio que se le ha causado y no ha propuesto ni una sola diligencia de instrucción.