Las cuestiones previas del primer juicio del caso Unión han durado tres horas. Las defensas, excepto la de José Miguel Rodríguez, han solicitado, por un lado la suspensión del juicio hasta que se resuelva la investigación del robo de autos denunciado por el juez Pamparacuatro, y por otro lado, la nulidad de las actuaciones por vulnerar diversos derechos de sus defendidos. La Fiscalía, representada por Javier Ródenas, se ha opuesto tanto la suspensión como a  la nulidad.

El fiscal ha comenzado la vista oral criticando la “impugnación masiva de las defensas” e incorporando varios documentos a la causa ya que señaló que el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, se negó por tres veces a facilitar las facturas pagadas a Batllori. En 2013, la UDEF, dentro de la operación Montecarlo, se llevó esas facturas que sí se encontraban en Intervención y que relata en un informe del pasado mes de junio. La Fiscalía solicita que el secretario accidental del Ayuntamiento declare como testigo.

Por su parte, el abogado de Dimas Martín, Manuel González Peeters, señaló que no se ha seguido la cadena de custodia de las pruebas y que se ha generado indefensión a su cliente. “No hay en las actuaciones ningún tipo de control judicial”, dijo. Solicitó la nulidad de los pinchazos telefónicos y destacó que los CDs con esas conversaciones se encontraban en un aula de formación por lo que no se podía garantizar su custodia.  Pidió que declaren los ex concejales Amor Castañeyra y Antonio Machín.

El abogado, e hijo, de Rodríguez Batllori, solicitó que se considerara detención ilegal la de su cliente y dijo que el registro de la celda de Dimas Martín se hizo sin que hubiera un abogado presente.

Juana Fernández, abogada de Luisa Blanco,  destacó las resoluciones sin firma del juez dentro del procedimiento diciendo que “no es un mero error subsanable” y que no hay garantías de que se haya respetado la tutela judicial efectiva, mientras que el resto de abogados hizo consideraciones similares.

El fiscal dice que la confesión de Rodríguez y el testimonio de testigos bastarían para una condena

El fiscal Javier Ródenas rechazó todas las peticiones. En cuanto a la suspensión hasta que se resuelva el caso del robo de autos, dijo que ya está resuelto en un auto de la Sala, que no motivos para la suspensión. También dijo que las únicas pruebas de convicción en esta pieza son las cartas entre Dimas Martín y Batllori y José Miguel Rodríguez, y que esas pruebas “están a la vista”.

“No hay indefensión”, señaló el fiscal Ródenas, porque han declarado hasta 16 testigos. Dijo que la confesión de Rodríguez y la devolución del dinero, así como el testimonio de otros testigos, bastarían para condenar a los acusados.

“Las pruebas siempre han estado en el Juzgado”

“Las pruebas siempre han estado en el Juzgado”, dijo, y son independientes del resto del caso Unión. “¿Qué tiene que ver el Rolex de Isabel Déniz en esto o el pabellón de Argana Alta?”, señaló. “¿Importa si la detención de Arrocha está o no firmada para este juicio?, se preguntó. “No afecta en nada, no tiene conexión”, señaló Ródenas, destacando que las defensas no recurrieron la formación de la pieza separada. También dijo que hay autos originales que están firmados pero que las copias no lo están.

El fiscal destacó que las defensas no atacan la motivación que llevó a pinchar los teléfonos, sino si los CDs han estado o no custodiados. “La motivación es inatacable”, aseguró. Sobre la detención sin firma del juez dijo que es una detención policial que es válida y que basta con que el juez no se oponga a ella, y también señaló que para hacer un registro en un domicilio o una celda no hace falta que esté presente un abogado. “Eso es de EGB procesal”.

Finalmente dijo que nada se ha podido contaminar porque haya desaparecido el CD de 20 de mayo de 2009 porque ni siquiera es el que da pie al caso Unión y que “las alarmas procesales de la pieza principal se resolverán en la pieza principal”.

Tras el receso, acordado sobre las 14.00 horas hasta las 15.30 horas estaba previsto que se resuelva si se suspende o no la vista, y comenzarán a declarar los acusados en caso de que no se suspenda.