La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado que se realicen diversas periciales para averiguar por qué existen irregularidades en la facturación y el cobro de clientes de Inalsa, así como el desbalance en la valoración de los recambios y accesorios en el almacén entre los años 2005 y 2007, según revelan las auditorías hechas durante esos años por la empresa de auditores Ernst & Young.

La investigación pone la lupa de esta forma también en la etapa en que Mario Pérez (CC) estuvo al frente de la empresa pública de aguas y pide que se verifique si el dinero invertido en las reparaciones tuvo el destino que debía tener, por lo que se solicitan las facturas, órdenes de trabajo y personal que llevó a cabo esas reparaciones.

El Ministerio Fiscal también solicita un examen de contabilidad desde el año 2006 y de sus cuentas corrientes para conocer los traspasos entre Inalsa y el Consorcio insular de aguas. En esos años, Ernst & Young encuentra irregularidades con respecto al valor de lo almacenado, como recambios y accesorios y también de las cantidades a cobrar, que no coinciden con la valoración de las existencias en almacenes y en la facturación a los clientes.

La Fiscalía se pregunta cómo es posible que “habiendo sido constadas irregularidades contables y por tan altos importes”, entre 242.000 euros y 320.000 euros por año, no se adoptaron por parte de Inalsa medidas para aclarar el destino de esos fondos, que son considerados caudales públicos, y para evitar que se siguieran produciendo, como así ocurrió.

Bajada de tarifas

La Fiscalía investiga una reducción de tarifas de Inalsa que provocó una pérdida de ingresos de siete millones

Otra de las cuestiones que se va a investigar tras la denuncia interpuesta por Alternativa Ciudadana es la modificación tarifaria que se aprobó en noviembre de 2003, reduciendo las tarifas. Según la Administración concursal, fue el consejero delegado de Inalsa, entonces Mario Pérez, quien aprobó esa modificación, cuando la competencia para cambiar los precios residía en el pleno de la Corporación.

Esa modificación hizo que Inalsa perdiera, o dejara de ingresar, siete millones de euros, por lo que si se abre de nuevo la pieza de calificación del concurso de acreedores, como ha pedido la Fiscalía, esa acción podría ser determinante para calificar el concurso como culpable y responsabilizar de la quiebra a los entonces administradores. La Fiscalía quiere esclarecer la legalidad de los acuerdos de modificación tarifaria.

Laudo de Janubio

También se pretende aclarar si el hecho de no contabilizar a tiempo el laudo arbitral que obligaba a pagar a la empresa de aguas 12 millones de euros a FCC por rescindir el contrato de la potabilizadora de Janubio fue determinante en que la empresa llegara a concurso de acreedores por responsabilidad propia.

Según la Fiscalía, el laudo es de 2006 pero se contabilizó en diciembre de 2008, por lo que es un apunte “extemporáneo” y “total y absolutamente contrario a los principios contables”. No obstante, el fiscal no ve indicios de que se falsearan las cuentas.