La Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ya ha presentado su escrito de acusación en una de las piezas principales del caso Unión, la conocida como pieza 12, que tiene que ver con las comisiones ilegales que cobraban miembros del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife. La Fiscalía pide penas para 14 personas y el sobreseimiento para la ex concejal Luisa Blanco.

Las penas que solicita el fiscal Javier Ródenas son muy altas en algunos casos. Para el fundador del PIL, Dimas Martín, con seis condenas de cárcel ya a sus espaldas y que disfruta actualmente del tercer grado penitenciario, solicita 17 años y medio de cárcel por asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación, con el agravante, en este caso, por reincidente.

Al ex concejal de Arrecife, Ubaldo Becerra, le acusa de los mismos delitos excepto de falsedad en documento público pero le añade prevaricación, al igual que al ex edil José Miguel Rodríguez. La petición de penas, sin embargo, es bien distinta, ya que al primero le piden 17 años y al segundo 4 años y siete meses porque se le tiene en cuenta los atenuantes de reparación del daño (devolvió una parte del dinero defraudado), así como colaboración y confesión.

A Matías Curbelo, el ex tesorero del PIL, también se le aplican esos atenuantes y sólo se le pide un año y cuatro meses de prisión, ya que gracias a su confesión se puso en marcha toda la segunda fase de Unión, la operación Jable. Se le imputa asociación ilícita, cohecho y financiación irregular del PIL. Al ex concejal Antonio Machín, que en la actualidad es representante sindical en el Hospital Insular, le piden 14 años y medio de prisión por los mismos delitos que Rodríguez y Becerra.

Hay tres funcinarios del Ayuntamiento a los que se les pide penas de prisión. El interventor Carlos Sáenz se enfrenta a siete años y medio por cuatro delitos; la hija de Dimas Martin, Elena, a cuatro años de cárcel y veinte de inhabilitación para empleo público por prevaricación, revelación de información privilegiada y fraude, y el ex Jefe de la Oficina técnica, Rafel Arrocha, a otros cuatro años de cárcel por esos dos últimos delitos, al igual que al empresario y funcionario del Cabildo, Antonio Cárdenas, que se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel.

A tres de los empresarios implicados, que pagaban comisiones ilegales, también se les aplican circunstancias atenuantes por confesar, colaborar y reparar el daños devolviendo alguna cantidad. Son Antonio Gómez Ruiz, a quien le piden un año de cárcel, Manuel Reina, que se enfrenta a cuatro años y cuatro meses y Jesús Manuel Martín Brito, a quien le piden 15 meses de prisión. A Samuel Lemes le solicitan cinco años de cárcel. Finalmente, a Juan Francisco Rosa le piden dos años y tres meses de cárcel por falsedad en documento público por simular la contratación de Dimsa Martín para que le concedieran el tercer grado.

También se solicitan multas que superan los 400.000 euros para Dimas y Ubaldo Becerra, 300.000 para Antonio Machín, 219.000 para Rodríguez, 100.000 euros para Matías Curbelo y Jesús Manuel Martín Brito o cantidades menores para otros empresarios.

El fiscal pide que intervengan como testigos el ex parlamentario Isaac Castellano, el ex alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo o el ex presidente del PIL, Celso Betancort, entre otros, y varios funcionarios de Arrecife. Además solicita que durante el juicio se puedan escuchar más de 200 conversaciones telefónicas pinchadas por la UCO y muestra una gran cantidad de pruebas obtenidas durante los registros de los domicilios y oficinas.