La Fiscalía solicita un total de 41 años y tres meses de prisión para los cinco acusados en la pieza del caso Montecarlo relacionada con la presunta sustracción más de 460.000 euros de las arcas del Ayuntamiento de San Bartolomé, entre el cobro de remuneraciones indebidas y facturas supuestamente irregulares.

Los dos principales acusados son el interventor Carlos Sáenz y el empresario José Vicente Montesinos, cuyas empresas fueron contratadas por el Ayuntamiento de forma supuestamente irregular para recaudación de tributos y asesoramiento. Para Sáenz, la Fiscalía pide 12 años de prisión falsedad en documento público, prevaricación, malversación y cohecho, y para Montesinos solicita 11 años y 11 meses de cárcel por prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, malversación o cohecho.

La Fiscalía también pide cinco años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 10 años para Luis Manuel Rodríguez, tesorero del Ayuntamiento de San Bartolomé por prevaricación y malversación. La misma pena de prisión que solicita para el ex alcalde, Miguel Martín, y el ex concejal de Hacienda, Javier Betancort, acusados de delitos continuados de prevaricación y malversación.

La Fiscalía considera que “toda la actuación delictiva de los acusados tenía como pilar esencial en que asentarse el consciente, premeditado, grosero y constante incumplimiento” por parte del interventor “de sus obligaciones fiscalizadoras”.

Así, para Carlos Sáenz solicita un total de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta durante 10 años y otros 12 años para el cargo de interventor, así como una multa de 260.000 euros. Sáenz fue nombrado en febrero de 1998 interventor del Ayuntamiento de Arrecife y, en julio de 2001, asumió el cargo en San Bartolomé “en régimen de acumulación”.

El fiscal solicita que la Audiencia juzgue a Carlos Sáenz, José Vicente Montesinos, Luis Manuel Rodríguez, Miguel Martín y Javier Betancort

“A partir de esa fecha”, señala en su escrito de acusación el fiscal Ignacio Stampa, “ideó la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales puestos a su disposición” hasta que fue detenido el 22 de mayo de 2012.

El fiscal señala que Sáenz se adjudicó “directa y fraudulentamente cantidades indebidas en concepto de retribuciones” por ejercer el cargo de interventor del Ayuntamiento de San Bartolomé. Sáenz podía percibir por ese puesto “hasta el 30 por ciento de las remuneraciones brutas” que cobraba en Arrecife. Sin embargo, la Fiscalía señala que entre 2001 y 2012 cobró 74.420 euros que no le correspondían.

El fiscal también acusa a Sáenz de concertarse con Montesinos, con el tesorero municipal, Luis Manuel Rodríguez, el ex alcalde Miguel Martín y el ex edil de Hacienda Javier Betancort para, “todos ellos de común acuerdo”, abonar de forma injustificada “elevadas cantidades de dinero público a empresas vinculadas” a Montesinos mediante la “adjudicación fraudulenta de contratos” y la “ficticia prestación de asesoramiento y colaboración” con el Ayuntamiento.

Entre mayo de 2002 y el mes de diciembre de 2008, el Ayuntamiento de San Bartolomé abonó a las empresas Progestril y Recingest, administradas por Montesinos, un total de 392.707 euros y le fueron reconocidos “indebidamente” otros 49.079 euros.

“Sustracción de fondos públicos”

El primer contrato de una empresa de Montesinos, con el Ayuntamiento por “consultoría y asistencia” fue el suscrito el 29 de mayo de 2002 entre la institución y la sociedad Progestril. El fiscal acusa a Sáenz y Montesinos de ponerse de acuerdo para “llevar a cabo en común la sustracción de fondos públicos” del Consistorio, para el que era “imprescindible” la participación del entonces alcalde, Miguel Martín, o del tesorero, Luis Manuel Rodríguez.

El fiscal sostiene que el interventor “ideó la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales”

Para el contrato se hizo un procedimiento “negociado sin publicidad” invitando a tres empresas que estaban “bajo el control y administración” de Montesinos con el objetivo de “dotar de apariencia de legalidad” la adjudicación. Sin embargo, ni siquiera se justificó la “necesidad de la externalización” del servicio de asesoramiento en recaudación de tributos.

La Fiscalía destaca que no se justificó que “se llevara a cabo la prestación efectiva” del servicio por la empresa, que en las facturas “se incorporaban conceptos ambiguos con fechas ficticias y cantidades diversas” y que se autorizaba el gasto “a pesar de conocer la ilegalidad del procedimiento de contratación” y “la mendacidad” de las facturas.

“Flagrante vulneración de la normativa”

En septiembre de 2004, el Ayuntamiento celebra con Progestril un segundo “contrato de consultoría y asistencia” siguiendo “otro expediente de contratación fraudulento y simulado”, que constituía “una nueva y flagrante vulneración de la normativa” de contratación pública al fijar un precio “variable”.

Destaca “la imprescindible participación” de Javier Betancort, que “ordenaba el pago” fraudulento  “a sabiendas”

El fiscal destaca “la imprescindible participación” del que era concejal de Hacienda, Javier Betancort, que “ordenaba el pago de las facturas que se le presentaban, a sabiendas de que no obedecían a la prestación de servicio alguno para el departamento que dirigía”.

Entre mayo de 2002 y diciembre de 2008, lo “indebidamente abonado” por el Ayuntamiento de San Bartolomé a Progestril “ascendió, al menos, a la cantidad de 307.400,61 euros”. El interventor le reconoció facturas que no se llegaron a abonar, por 46.078 euros, al descubrirse el “fraude”, primero por el socialista Antonio Rocío y luego por la alcaldesa María Dolores Corujo. El primero se negó a pagar las facturas y la segunda reclamó al Ministerio de Hacienda que no las abonase dentro del plan de pago a proveedores de 2012 después de que el interventor hubiese librado cinco certificados a favor de Montesinos.

“Voluntad” de que se sustrajera “dinero público”

La facturación que la Fiscalía considera irregular se realizó también a través de otra empresa de Montesinos, Recingest, por “servicios de asesoramiento en materia tributaria, financiera y presupuestaria”. Entre marzo de 2005 y mayo de 2007 se le abonaron facturas por un importe total de 87.000 euros. Otra de 3.001 euros “no le fue abonada al ser descubierto el fraude por los nuevos responsables municipales”.

La Fiscalía considera acreditado el cohecho “como condición para no poner reparos al indebido abono de fraudulentas facturas”

El fiscal señala que fue Javier Betancort el que “en todos los casos” firmó las facturas de Recingest “como si se hubiera prestado el servicio”, de forma que “el fraudulento pago de las mismas quedara dotado de una apariencia de legalidad”. También señala que tanto Sáenz como Miguel Martín, Javier Betancort y el tesorero sabían que no se pagaba por “ningún servicio prestado sino únicamente a la voluntad de que fuera sustraído dinero público”.

“El montante de las transferencias” del Ayuntamiento por las facturas de Recingest “era a continuación retirado de las cuentas” de la empresa por Montesinos, que lo “entregaba” en “efectivo” al interventor, “al haberle impuesto éste como condición” el supuesto cohecho “para no poner reparos al indebido abono de las fraudulentas facturas” de la otra empresa, Progestril.