La Fiscalía pide al Supremo confirmar las condenas de Dimas Martín y Batllori en Unión
La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que confirme las condenas por prevaricación y malversación que la Audiencia Provincial impuso a Dimas Martín, fundador del PIL, y al ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, en una de las piezas del caso Unión, mientras que sus defensas han pedido la nulidad de la sentencia.
El Tribunal Supremo ha revisado este miércoles las penas impuestas a Martín y Batllori, de cinco años y seis meses en el caso del fundador del PIL y de siete años en el caso del abogado, además de las que recayeron en otros condenados en la pieza del caso Unión relacionada con el pago de facturas falsas en el Ayuntamiento de Arrecife y en Inalsa.
Las defensas han pretendido hacer ver que la instrucción del caso se efectuó sin garantías procesales, un argumento que ya echó por tierra la Audiencia Provincial. Sin embargo, la Fiscalía y la acusación ejercida por el Ayuntamiento capitalino, han destacado que la investigación, y en concreto las intervenciones telefónicas, cumplieron los requisitos exigidos por la Ley.
Cabe destacar que uno de los condenados, el ex concejal de Hacienda por el PIL, José Miguel Rodríguez, confesó los delitos cometidos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas, aspecto que también ha salido a relucir este miércoles en el Supremo.
La Audiencia consideró probado que Rodríguez Batllori y Martín delinquieron al pagar con cargo a fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa pública Inalsa gestiones que el primero había como abogado en favor del fundador del PIL, que en aquella época cumplía la condena del complejo Agroindustrial.
La sentencia consideró probado que Rodríguez Batllori cobró ilegalmente 45.835 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por servicios de asesoramiento a ambas entidades que nunca llegó a realizar y que, en realidad, tampoco le podrían haber contratado, dada su condición de funcionario del Gobierno de Canarias, lo que le impedía cobrar de más de una administración.
Comentarios
1 buen trabajo Mié, 13/04/2016 - 22:02
2 Anónimo Jue, 14/04/2016 - 10:49
3 Alquimista Jue, 14/04/2016 - 11:38
4 Ramón leva, leva Jue, 14/04/2016 - 15:22
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