La urbanización, sin los accesos necesarios

La Fiscalía abre diligencias por un delito contra la seguridad vial en el plan parcial de La Bufona

Saúl García 7 COMENTARIOS 20/11/2014 - 08:17

La Fiscalía de Las Palmas ha incoado diligencias por un posible delito contra la seguridad vial en el plan parcial La Bufona de Arrecife. Así lo señala el fiscal jefe de la provincia, Guillermo García-Panasco, en respuesta a una solicitud de Eduardo Murillo, denunciante del caso La Bufona por la vía penal y propietario de terrenos ocupados por los promotores.

Según señala el fiscal jefe, el pasado 14 de octubre se abrieron las diligencias de investigación 263/2014 para valorar la relevancia penal de una posible comisión de un delito contra la seguridad vial en la aprobación y en la ejecución de este plan parcial.

El plan fue aprobado en 1998 por el Gobierno de Canarias a pesar de que no contaba con informe positivo del Servicio de carreteras, y posteriormente los promotores, Brisa Inversiones, lo ejecutaron sin realizar los accesos, ya que a esta urbanización aún se accede por la entrada a El Cable.

Por otra parte, el Diputado del Común, tras una queja presentada por Murillo, ha solicitado a la Consejería de obras públicas, transportes y política territorial del Gobierno canario que inscriba en el Catastro y en el Registro de la propiedad los terrenos expropiados por el Gobierno en esa urbanización y que pertenecen al Servicio de carreteras.

El Gobierno expropió más de 4.000 metros cuadrados pero ni los registró ni los catastró a su nombre. Los promotores, a su vez, vendieron a Supermercados Marcial parte de esos terrenos. Este mismo año, la cadena de supermercados solicitó permiso para construir en ese suelo un centro comercial y la respuesta por parte del Gobierno fue negativa.

La apertura se produce 16 años después de que se produjeran los hechos que se investigan

El Gobierno desestimó la petición argumentando que consta en el expediente un informe desfavorable del Ayuntamiento de Arrecife, que es vinculante, y que señala que el proyecto no se adecúa al planeamiento municipal.

También destacaba que el Servicio de carreteras emitió un informe negativo sobre los accesos y la seguridad, y que parte del suelo donde estaba previsto levantar el centro comercial sería suelo público, que tenía que haber sido expropiado por el propio Servicio de carreteras hace trece años.

La oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife también confirmó este hecho, emitiendo a mediados del mes de noviembre del año pasado un informe desfavorable diciendo que el proyecto presentado por esta empresa no se ajusta al planeamiento municipal en vigor ya que una parte del suelo donde se pretende construir es suelo destinado a espacios libres y a carreteras.

Comentarios

1 apesta Jue, 20/11/2014 - 16:05

este asunto apesta a corrupción, se ha investigado si se está pagando el IBI? animo Murillo sabemos de tu sacrificio y lucha.

2 eldelanzarote Vie, 21/11/2014 - 20:07

Pues si, pagamos el IBI, la basura, alcantarillado y saneamiento. ¿Qué hacen con ello?, pregunta mejor a los que deberían ser NUESTROS administradores (léase políticos). Los vecinos somos como tú. Ciudadanos normales que pagamos y tampoco recibimos.

3 Murillo Sáb, 22/11/2014 - 09:36

No es cierto que paguen el IBI desde que presentaron en el Ayuntamiento la solicitud de alta en el catastro en el año 2000, de hecho se está investigando el posible fraude fiscal y el quebranto a las arcas municipales. Quizás no tan normales, cuando quien les vendió sus casas las registró con una superficie construida de 96 m² y son los agraciados propietarios de unas mansiones de más de 250 m² construidos. Cuando el que les vendió sus casas era el encargado del catastro en el Ayuntamiento de Arrecife y las tienen actualmente catastradas como de NATURALEZA RÚSTICA, en una calle imaginaria que no existe en el municipio de Arrecife. No se les puede considerar ciudadanos normales, cuando sus casas tienen órdenes de demolición del Gobierno de Canarias y el Ministerio Fiscal solicita la demolición de las 52 viviendas en un proceso penal. Y a pesar de ello, no sólo no han emprendido ninguna acción contra quienes les vendieron edificaciones ilegalizables, sino que utilizan en los Tribunales a los mismos abogados que defienden a los promotores y constructores de sus ilegales residencias.

4 eldelanzarote Sáb, 22/11/2014 - 13:09

Pues eso, ciudadanos normales que compramos unas viviendas con TODOS los permisos (Dirección postal, cédula de habitabilidad, registro en Catastro, con la transparencia y supuesta garantía notarial, etc), en regla. Que pagamos nuestra hipoteca y TODA clase de impuestos. Y como bien dice "Murillo", INOCENTES hasta que un tribunal declare la culpabilidad. ¿O es que hemos pasado a vivir en un Estado totalitario donde las libertades y garantías jurídicas han muerto?. Quiero creer, a estas alturas, que TODOS seguimos teniendo derecho a defender nuestros legítimos intereses de la mejor manera que nuestro entender nos aconseje. Y para terminar, reiterar lo ya dicho, ciudadanos normales que pagamos el sueldo de nuestros administradores (léase políticos y funcionarios) y no recibimos la eficacia de su trabajo. pd/ que no se publicite, no significa que no hayan procesos abiertos, administrativos y/o judiciales, contra quienes han pretendido estafar, prevaricar o falsear documentación.

5 no me lo creo Sáb, 22/11/2014 - 13:34

y por que no denuncia usted a los vecinos que no pagan el IBI en la fiscalía de arrecife? [...] y sí tiene pruebas preséntelas porque de ser cierto lo que dice es muy grave que haya propietarios que durante años no hayan cumplido sus obligaciones fiscales.

6 ánimo Murillo Sáb, 22/11/2014 - 13:47

ánimo Murillo su lucha tendrá su recompensa, hay mucho poder oscuro detrás que corta los hilos a sus denuncias...

7 Murillo Dom, 23/11/2014 - 11:45

Vamos a ver, la supuesta garantía notarial alcanza a lo que contiene la escritura de su vivienda, pero en las escrituras otorgadas por el Notario Celestino Mendizábal Gabriel, éste da fe pública que estas viviendas tienen una superficie construida y ocupan una superficie de parcela mucho menor a la que figura en el catastro. Y el Notario Celestino Mendizábal, como propietario de una de las viviendas que ha ordenado demoler el Gob. de Canarias, tiene pleno conocimiento del tamaño de su vivienda y de cómo son las de sus convecinos a los que se las escrituró. POR LO QUE LOS PROPIETARIOS DE ESTAS VIVIENDAS SON PLENAMENTE CONSCIENTES, con lo que ello implica, que disfrutan de unas viviendas que NO son como cuando las compraron y que ocupan un solar mucho mayor al que les vendieron en escritura. Con respecto al registro en el Catastro, la sentencia nº 200/2013 de la Sección 1ª de lo C-A del T.S.J.C., que ya ha adquirido firmeza al no haber sido recurrida, relativa al Procedimiento C-A nº 776/2010 interpuesto por D. Ángel García Alonso, Dª. María Teresa Sosa Romero, D. José Ignacio López Hernández, Dª. Juliana Perdomo de Quintana, D. Jesús Casiano Carlier Millán, Dª. Carmen Pilar Fariña Cambero, Dª Encarnación Hernández Platillero, D. José María García Betancor, Dª. Irene Ortiz Santana, D. Francisco Andrés Ybañez Fernández, D. José Antonio Belizón Hernández y Dª. Ana María Espinosa Sánchez, como compradores de viviendas en La Bufona. Desestima íntegramente el recurso C-A presentado por estos compradores de viviendas en La Bufona, por lo que los terrenos que ocupan sus casas continúan catastrados a nombre de Murillo. Dado que los Magistrados del T.S.J.C. sentencian, que no es que se haya adecuado el registro catastral a la realidad, por el contrario se ha creado artificiosamente una realidad nueva, al margen del procedimiento legalmente establecido. Que ha sido originada por los documentos presentados por los recurrentes ante el Ayuntamiento de Arrecife, modelo 902-S, en su mayoría en el año 2000, con sello de registro de entrada en la Gerencia del Catastro en el año 2006 (SEIS AÑOS DESPUÉS) de haberlos presentado en el Ayuntamiento de Arrecife. Podría haberse facilitado un FRAUDE FISCAL por impago del I.B.I. por parte del funcionario responsable del Ayuntamiento de Arrecife, que tardó SEIS AÑOS en tramitar a la Gerencia del Catastro, unos expedientes administrativos (modelo 902-S), que fueron iniciados por los documentos presentados en su mayoría en el año 2000 ante el Ayuntamiento de Arrecife. No les preocupa que un hijo, una hija, un familiar pueda sufrir un accidente, al entrar o salir de una urbanización que no cuenta con accesos viarios, a cuya altura, el Ministerio del Interior ha señalado varios puntos negros en la carretera LZ-2, por las numerosas víctimas que se han producido desde que se ejecutó ilegalmente esta urbanización. Si TODOS tienen derecho a defender sus legítimos intereses de la mejor manera, cómo es que su entender no les ha aconsejado que NO HAGAN UNA MANIFIESTA DEJACIÓN DE SUS DERECHOS, manteniéndose ajenos al procedimiento penal de La Bufona donde el Ministerio Fiscal solicita la demolición íntegra de sus viviendas. Los vecinos que no pagan el IBI están denunciados en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Porque es el Sr. Murillo el que ha pagado millones de pesetas de IBI al Ayunt. de Arrecife desde el siglo pasado, por el suelo que ocupan sus viviendas. Esto pueden pedir que se lo certifique la responsable del departamento de rentas del Ayut. de Arrecife, la Srª. Cristina Fernández Fernández, sobrina del Sr. Felipe Fernández Camero.

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