El empresario Juan Francisco Rosa, propietario de Stratvs, plantea en su escrito de defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que “desde la aprobación del Plan Especial del paisaje protegido de La Geria”, en julio de 2014, “la bodega se encuentra perfectamente legalizada”.

En el TSJC se juzgará parte del procedimiento, relacionado con la licencia de apertura de las instalaciones, por el aforamiento de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, en la actualidad diputada autonómica.

La Fiscalía, que solicita una condena para el empresario de 15 años de prisión y la demolición de Stratvs, destaca que se tramitó la actividad de la bodega por cargos públicos y funcionarios “a pesar de conocer” que era “frontalmente incompatible con el suelo en que se pretendía desarrollar”, según el Plan Insular.

En el escrito de defensa, firmado por el abogado José Antonio Choclán, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, se sostiene que el “debate” urbanístico sobre Stratvs “carece de sentido a día de hoy” con el Plan de La Geria.

En su opinión, la aprobación del Plan y el “reconocimiento expreso” de Stratvs como una de las diez bodegas incluidas en el espacio natural protegido “ha supuesto la legalización” de las instalaciones, a pesar “de que se pudiera acreditar” que “no se adecuó en el momento de su construcción a la legislación”.

Rosa pide al TSJC que declare como perito en el juicio uno de los redactores de la Ley del Suelo

Para sostener la “indiscutible legalidad de la bodega Stratvs” tras la aprobación del Plan Especial de La Geria, una de sus principales líneas de defensa, el letrado de Rosa aporta dos informes periciales, uno de ellos elaborado por el catedrático Francisco Villar Rojas.

El citado jurista es uno de los redactores de la Ley del Suelo y la defensa del empresario pide a la Sala de lo Penal del TSJC que le cite a declarar como perito. En su dictamen, Villar Rojas asegura que el Plan de La Geria “prevalece” sobre el Plan Insular y que el planeamiento del espacio natural “tiene fuerza jurídica legalizadora”, de forma que asumiría la “realidad” de lo construido.

Entre el juicio que se celebre en el TSJC y el que tenga lugar en la Audiencia Provincial, el promotor tendrá que hacer frente a la acusación de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente, de falsedad en documento oficial y de usurpación de bienes, entre otros. Durante el mes de septiembre los procesados en el caso Stratvs han presentado sus escritos de defensa.

Acuña se defiende con la “limitación de medios” de Yaiza

En cuanto a la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria de Nueva Canarias, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y 10 meses de prisión, así como a 18 años de inhabilitación, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y medioambiental. El Ministerio Fiscal le acusa de una “inactividad arbitraria” con Stratvs para “no perjudicar los cuantiosos intereses económicos” del empresario.

Acuña sostiene que “actuó con la mayor diligencia dentro de la limitación de medios humanos, técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Yaiza”, con un secretario, también procesado, que acababa de ser inhabilitado. La alcaldesa destaca que tras declarar en el Juzgado ordenó inspeccionar las instalaciones de Stratvs y que se le abrieron cuatro expedientes sancionadores.