Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera… ni a la cuarta. La última sentencia de una pieza del caso Unión, la relacionada con la celebración de varios conciertos en el Teatro insular sin tener licencia, también ha avalado la instrucción judicial del caso, iniciada por el juez César Romero Pamparacuatro.

El caso ha sido cuestionado en todas las piezas, tanto en la instrucción como en el juicio, solicitando por parte de las defensas de los acusados la nulidad de varias actuaciones, desde los pinchazos telefónicos hasta los autos de entrada y registro en algunos domicilios, las detenciones, la adopción del secreto de sumario o las prórrogas de todas esas actuaciones.

Sin embargo, con la sentencia del Teatro, dictada por el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife, ya son cuatro los órganos judiciales que han avalado la instrucción con sus sentencias. La primera sentencia fue del Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. No se llegó a juicio porque admitió los hechos y se conformó con una pena de seis meses de cárcel, que cumplió.

Las dos siguientes fueron por parte de la Audiencia provincial de Las Palmas en el llamado caso Proselan y en la pieza relacionada con Francisco Rodríguez Batllori. En este último caso, la instrucción también la dio por buena el Tribunal Supremo, aunque rebajó las penas que había dictado la Audiencia.

La última sentencia es del Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife. En este caso, también ha habido sentencia condenatoria para los tres acusados, Rubén Placeres, Enrique Pérez Parrilla y Ubaldo Becerra, por permitir que se celebraran dos actuaciones sin licencia autorizando de forma verbal esos conciertos y comprometiéndose, unos, a abrir, y el tercero a no enviar a la Policía Local. El Teatro se abrió a pesar de que los tres cargos públicos eran conscientes de que existían unas anomalías en materia de seguridad, así como informes contrarios a su apertura.

La defensa del ex alcalde de Arrecife también solicitaba la nulidad de las actuaciones en la pieza del Teatro insular por el pinchazo telefónico a Ubaldo Becerra

La defensa del ex alcalde Pérez Parrilla, ejercida por Francisco Torres Stinga, señalaba como cuestión previa al juicio que se habían vulnerado los derechos fundamentales de su defendido y  solicitaba la nulidad de todas las actuaciones pero principalmente de los autos que decretaron la intervención telefónica del ex concejal de Arrecife Ubaldo Becerra, así como sus prórrogas y el secreto de sumario porque los oficios de los agentes de la UCO fueron redactados “de forma genérica” y no estaban relacionados con los hechos que se investigaban inicialmente en este caso.

Hay que recordar que esta causa se inicia al abrir una pieza separada, porque Becerra tenía el teléfono pinchado por la investigación del caso Unión por otros motivos. Durante los pinchazos se interceptaron conversaciones telefónicas entre los acusados que revelaban la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por la apertura del Teatro, y finalmente fueron condenados por este delito a más de siete años de inhabilitación para ejercer cargo público.

La defensa de Pérez Parrilla consideraba que se le había producido una indefensión a su cliente. La juez titular del Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife, Aitziber Oleaga, considera que no se puede decir que las interceptaciones telefónicas carezcan de justificación y resalta que en algunas causas, como las relacionadas con el tráfico de estupefacientes o la corrupción administrativa, se hacen necesarias técnicas policiales de investigación que implican restricciones de derechos fundamentales. Rechaza la juez que el pinchazo telefónico a Becerra no estuviera motivado ya que el juez instructor, en su auto ordenándolo, determinó el delito por el que se le investigaba, el tiempo que iba a durar la medida y los indicios racionales de criminalidad. También dice que el auto se fundamenta en un “amplio oficio policial”.

El Juzgado afirma que el instructor fundamentaba “de manera detallada y progresiva, y según los avances de las investigaciones, todas y cada una de sus resoluciones”

Lo mismo pasa con los autos de prórroga, que se acuerdan con “exhaustividad y motivación valorando jurídicamente y ponderando la necesidad de la injerencia con los avances de la instrucción de una manera muy pormenorizada”. Considera que la medida estaba justificada “con datos objetivos, externos y verificables” y que el instructor fundamentaba “de manera detallada y progresiva, y según los avances de las investigaciones, todas y cada una de sus resoluciones, por lo que nada cabe censurar a las mismas”.

Reconoce la sentencia, igualmente, que los hechos investigados inicialmente en el caso Unión eran distintos a los investigados en esta pieza pero considera que sí eran delitos que estaban conectados entre sí aunque los hechos se descubrieran casualmente, por lo que no se tenía que haber iniciado una nueva investigación ni deducir testimonio para el reparto de un nueva causa a otro Juzgado porque el delito de prevaricación ya se estaba investigando. 

Tampoco sostiene esta sentencia la pretensión de los abogados de que el juez Pamparacuatro mantuvo de forma injustificada el secreto de sumario y señala que además las partes implicadas no han concretado qué diligencias no ha sido posible llevar a cabo por ese secreto o la concreta indefensión que les provocó a los acusados. “No puede plantease la crítica de una declaración de secreto de un sumario de una forma genérica ya que debe acreditarse precisa violación al derecho de defensa” señala la sentencia.