Hay dos sentencias, un juicio y media docena de piezas más ya casi terminadas y, de momento, no hay ni rastro de la nulidad que solicitan algunos imputados en el caso Unión. Ahora, la Audiencia provincial de Las Palmas, en un auto reciente en el que desestima todas las alegaciones presentadas contra la transformación en procedimiento abreviado de la pieza 12 (que investiga las comisiones que se cobraban en el Ayuntamiento de Arrecife), lo vuelve a reiterar.

El ex concejal del PIL Antonio Machín alegó que durante su detención y la instrucción posterior se habían vulnerado todos sus derechos: la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, la libertad y la inviolabilidad de su domicilio. Según Machín, hubo una absoluta falta de control de la causa.

La Audiencia señala, respecto a la falta de firma en “decenas de providencias” que “comparte lo inaudito de que no se hayan firmado por el instructor con independencia de la carga de trabajo” pero que “afortunadamente, esas providencias, según parece, son de mero trámite y que, por tanto, no se adivina qué indefensión le pueden haber producido, más allá del prurito alegatorio de la susodicha indefensión”.

Y añade que “las resoluciones judiciales consistentes en acordar unir escritos, o citar a las partes vienen a ser irrelevantes, si el escrito está unido o si comparece el citado, esté o no firmada la resolución en que así se acuerda. La alegación de nulidad, con todo respeto, si solo se mantiene en lo dicho, no se sostiene”.

La Audiencia Provincial rechaza los recursos de los imputados en la pieza 12 y señala que el auto con el que se cerró la instrucción es “modélico e impecable”

Respecto a los indicios para juzgar a Machín, ya que el paso a procedimiento abreviado es el paso previo a que se celebre el juicio oral, el ex concejal alegaba que no existe indicio alguno de que haya podido cometer ningún delito y la Audiencia contesta que la defensa de Machín “olvida, o mejor minimiza y minusvalora las declaraciones de otros coimputados que han reconocido los hechos y lo implican. Los indicios existen y en el juicio deben confirmarse o desvirtuarse tras la práctica de la prueba”.

También se había quejado de que la instrucción era incompleta y los jueces le recuerdan que se inició en 2008 y la pieza se formó en 2012 y que existen dos pruebas periciales que son contrarias a sus intereses y que no hace falta realizar ninguna más.

De los catorce imputados que quedan en esta pieza, cuatro de ellos presentaron alegaciones: Machín, Dimas Martín, Elena Martín y Antonio Cárdenas. La Audiencia rechaza todas las alegaciones y señala, a su vez, que las alegaciones que hizo la Fiscalía son “demoledoras”.

El Tribunal también califica el auto de paso a procedimiento abreviado dictado por la jueza Silvia Muñoz como un auto “modélico, impecable, al determinar el instructor tanto los hechos imputados como las personas indiciariamente responsables de tales delitos”.

Antonio Cárdenas, funcionario del Cabildo, alegaba que hay ausencia de datos y de motivación para que continúe su imputación, y la Audiencia dice que esa afirmación le causa “perplejidad” ya que hay conversaciones telefónicas grabadas y la declaración de otro imputado que no son “sospechas ni conjeturas” sino “verdaderos indicios”.

Cuatro de los catorce imputados que quedan en esta pieza, Machín, Dimás Martín, Elena Martín y Antonio Cárdenas, presentaron alegaciones y fueron rechazadas

Por su parte, Dimas Martín hace, según la Audiencia, una denuncia general de indefensión por la vulneración de todos los derechos fundamentales aplicables al proceso: secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, secreto de la correspondencia, tutela judicial efectiva, un proceso con las debidas garantías, a la defensa y a la presunción de inocencia, a la libertad, seguridad jurídica y al principio de legalidad. “Estamos seguros que la defensa que ahora alega tales vicios repetirá tales flagrantes vulneraciones al inicio de las sesiones del juicio oral que en su caso se celebrará.

Al no concretarse en qué hechos se materializan las vulneraciones no podemos pronunciarnos sobre las mismas”, contesta la Audiencia. En el caso de Elena Martín, que alega falta de motivación, se le recuerda que su participación en los hechos está señalada por más de cien diligencias de instrucción.

En esta pieza del caso Unión, una de las principales, hay catorce imputados por las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife y la supuesta financiación ilegal del PIL. La Fiscalía pide penas que van desde los 17 años de cárcel para Dimas Martín y Ubaldo Becerra, que finalmente confesó los hechos y devolvió una pare del dinero defraudado, hasta poco más de un año a Matías Curbelo, por colaborar con la instrucción.

Además de estos tres y de los imputados a los que se les ha desestimado las alegaciones, se sentarán en el banquillo el ex concejal José Miguel Rodríguez, los técnicos Rafael Arrocha y Carlos Sáenz, y los empresarios Antonio Gómez, Manuel Reina, Jesús Manuel Martín Brito (que también confesaron los hechos), Sanuel Lemes y Juan Francisco Rosa.

El juicio contra Lleó sigue sin fecha

El juicio que se iba a celebrar por el procedimiento del Jurado contra Luis Lleó y Ferrnado Becerra por intentar sobornar al ex consejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino, aún no tiene fecha. La acusación de la Fiscalía, que pide seis años de cárcel para Lleó, es de hace tres años, de marzo de 2013.

Sin embargo, el empresario ha presentado una serie de actuaciones que han ido retrasando la vista oral. En septiembre del año pasado recusó al que iba a ser presidente del Jurado, José Luis Goizueta, y aún no se ha nombrado al nuevo presidente. Antes del juicio, además, se debe celebrar una vista para las cuestiones previas, ya que se trata de un caso con jurado.