La sección primera de la Audiencia provincial de Las Palmas ha confirmado la sentencia que dictó el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife en octubre de 2011 por la que la empresa Hormiconsa deberá derribar las naves que construyó junto al cementerio de San Román, en Arrecife, al carecer de licencia de obras.

El administrador de la empresa, Miguel Morales, también tendrá que pagar una multa de 67.000 euros y reponer el terreno a su estado original. Además, la Audiencia ratifica la condena de un año y ocho meses de cárcel para el propio Morales, como promotor de las obras y propietario de la empresa.

Se le ha condenado por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia por continuar con las obras después de que el Ayuntamiento decretase el precinto de las mismas. Morales, previsiblemente, no tendrá que ingresar en la cárcel ya que no tiene antecedentes y la condena no supera los dos años de prisión.

El fallo de la Audiencia confirma la primera sentencia que consideraba probado que se construyó por parte de esta empresa sin licencia tres naves más una planta de hormigón y una machacadora, todo ello en suelo calificado por el Plan Insular de 1991 como rústico de protección por paso de jable. El caso lo denunció el grupo municipal de Arrecife de Alternativa Ciudadana.

Las obras se iniciaron en el año 2005, y según la sentencia no podían haber sido autorizadas en ningún caso, ni mediante la calificación territorial ni mediante licencia de obras, por el tipo de suelo en que se asientan. Alternativa denunció en el Ayuntamiento las obras hasta en cinco ocasiones y finalmente, ante la inacción municipal, acudió a Fiscalía.

Las obras se iniciaron en el año 2005 y según la sentencia no podían haber sido autorizadas en ningún caso

La construcción fue precintada el 3 de octubre de 2005, después de que se ordenara su paralización. La sentencia señala que el acusado no paralizó esas obras pese al precinto y continuó con ellas hasta su completa finalización.

Un informe de una técnico municipal, así como su declaración en el juicio, certificaron que cuando se ordenó la paralización, una de las naves aún estaba en construcción y que posteriormente apareció terminada, por lo que se considera que hay base suficiente para sostener que se desobedeció la orden de precinto.

Sin jable

El empresario alegó durante el procedimiento que en la zona donde se edificaron las naves, que eran unos terrenos comprados en los años ochenta, antes de que se declararan como de protección por el paso de jable, en la práctica ya no pasa jable, y que la protección del suelo es meramente formal.

Además, señaló que no hubo desobediencia porque las obras estaban casi terminadas cuando se precintaron y destacó que, si el caso nació por una denuncia de Alternativa Ciudadana por presunta prevaricación, no se ha sentado ningún político ni técnico municipal en el banquillo de los acusados.