La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas asegura, en un auto dentro del caso Stratvs, que el informe que envió en noviembre de 2013 (aunque por error fija la fecha en 2011) la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) al Juzgado número 5 de Arrecife, que instruye el caso, se remitió de forma irregular porque "fue evacuado sin que siquiera lo solicitara la juez instructora". Añade que el tribunal que juzgue el caso Stratvs también deberá valorar la legalidad de ese informe, si se da el caso.

Dice la Sala que comparte "las lógicas prevenciones del Ministerio Fiscal al informe de la Apmun al que con indisimulado interés aluden insistentemente los recurrentes con finalidad exculpatoria". Se refiere a Armando Villavicencio, técnico de planeamiento del Gobierno de Canarias y Juan César Muñoz Sosa, Director General de Urbanismo entre 1996 y 1999, ambos imputados en Stratvs y que habían recurrido su imputación.

La Audiencia Provincial rechaza el archivo de la causa para ambos y considera que hay indicios "sólidos y contundentes" para llevarlos a juicio por prevaricación, por autorizar la construcción de la bodega en el año 1999.

El informe irregular al que se refiere la Audiencia fue enviado por la Jefa del servicio jurídico de la Apmun, Carlota Pérez, como informe complementario a un informe técnico que era desfavorable para Stratvs. El de Pérez aseguraba que no había vicios de nulidad ni en la licencia municipal ni en la autorización del Gobierno para la bodega.

Pérez reconoció en el Juzgado que lo había elaborado con el asesoramiento de la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno, Ana María Quintana, que es la abogada defensora en este caso de los imputados antes mencionados. Es más, la firmante del informe técnico corregido, Sonia Gómez, había denunciado ante el Director de la Apmun, en abril de 2013, que estaba recibiendo presiones.

Responsabilizar “a otros” como estrategia

Villavicencio y Muñoz Sosa argumentan en el recurso de su imputación que el primero se limitó a ratificar un informe jurídico previo de Gesplan, y que el segundo resuelve el expediente en base a los informes existentes.

La Jefa del servicio jurídico de la Apmun envió al Juzgado un informe favorable para Stratvs, que cambiaba el criterio de otro anterior, sin que se le hubieran pedido

Sin embargo, la Audiencia considera que sólo argumentan en su favor que no leyeron el expediente o que se dejaron llevar por los informes anteriores pero que "no dan otras razones que los desvinculen de la aparente ilegalidad de la actuación".

Para explicar ese funcionamiento cita un auto anterior de la Audiencia que dice que "es frecuente que en este tipo de delitos, en el legítimo derecho de defensa, se responsabilice a otros: así, el que toma la decisión final se ampara en los informes técnicos, los técnicos en los datos que obran en los expedientes y estos en que sólo era una opinión y en que la decisión final era del primero y así sucesivamente".

Imputación “procesalmente irreprochable”

La Audiencia destaca que los técnicos cambiaron de criterio respecto a la autorización de bodegas en La Geria porque denegaron un permiso en el mismo suelo para Bodegas Antonio Suárez, coincidiendo los argumentos con los informes contrarios a Stratvs de la Apmun, y de Joana Macías, de la oficina del PIO de Lanzarote.

En su defensa, los técnicos dicen que el cambio de criterio se basó en la necesidad de mantener el paisaje y la vid, y para ello autorizar bodegas, y que se trata de una discrepancia jurídica por un cambio de criterio, pero no de un delito.

Finalmente, el auto de la Audiencia asegura que la continuidad de la causa contra estos dos imputados es "procesalmente irreprochable" y también valora positivamente, para rechazar el archivo de la causa, el informe de Fiscalía en el que se opone al sobreseimiento sobre otro técnico, Faustino García Márquez. Dice sobre ese informe que "es extenso y está muy bien fundamentado".