La reanudación del juicio del caso Stratvs, que estaba prevista para el 20 de julio, una vez superado el parón judicial por el estado de alarma sanitaria, se ha adelantado por parte de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial para el 22 de junio.

Mantener la fecha inicial que se fijó por parte de la Audiencia Provincial hubiese provocado el riesgo de que el juicio estuviese viciado de nulidad. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, sobre la práctica de la prueba, que “excepcionalmente” se puede acordar la suspensión o aplazamiento “hasta el límite máximo de treinta días”.

La actividad judicial y los plazos procesales se pusieron de nuevo en marcha el pasado 5 de junio. Durante la mayor parte del estado de alarma solo estuvieron operativos los servicios fundamentales, como el Juzgado de lo Penal o el Juzgado contra la violencia de género, pero se suspendieron los juicios.

Como el juicio del caso Stratvs estaba ya en pleno desarrollo, tras haberse iniciado el pasado 14 de enero, las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que se debería reanudar antes del 16 de julio, y no el día 20 de ese mes, como se había establecido por la Audiencia Provincial en un primer momento. Las citadas fuentes apuntan a que cualquiera de las partes podía haber planteado la nulidad del juicio por esta circunstancia.

En una diligencia dictada el pasado 11 de junio, la Sección Sexta de la Audiencia rectificó su decisión inicial sobre la reanudación del juicio, cuyo principal acusado es el empresario Juan Francisco Rosa, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, a falta de que se concrete la petición de pena al finalizar la vista oral.

Entre el 22 y el 23 de junio está prevista la toma de declaración en Lanzarote de 15 peritos. En la primera sesión tendrán que comparecer siete de ellos, entre los que se encuentra el jefe de la asesoría jurídica del Cabildo de Lanzarote, Pedro Fraile; o quien fue durante años jurista del Servicio de Patrimonio Histórico, Pilar Gómez. También están citados técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, como la arquitecta Ana Isabel Díaz del Valle, el ingeniero Vicente Bencomo o el técnico de Medio Ambiente, Andrés Curbelo.

En la segunda sesión, declararán como peritos la abogada Delia López, asesora jurídica del Ayuntamiento desde la etapa en la alcaldía de Gladys Acuña, el arquitecto Ángel García Puertas, que ha estado vinculado al dueño de Stratvs, o el ingeniero Carlos Soler, que ha investigado la existencia de un gran acuífero en la zona de Timanfaya.

Sesiones pendientes

Una vez que se celebren las dos sesiones de junio todavía faltarían unas tres sesiones más, previstas en Las Palmas de Gran Canaria, con la intervención de los peritos de la Fiscalía General del Estado, que abordarán previsiblemente el daño medioambiental producido en la excavación y construcción del complejo Stratvs en el paisaje protegido de La Geria.

Por parte de la defensa de Rosa, también tendría que declarar como perito el catedrático Francisco Villar Rojas, uno de los redactores de la Ley del Suelo impulsada por el expresidente Fernando Clavijo en la pasada legislatura.

Villar Rojas firma un dictamen encargado por el acusado en el que sostiene que la sola inclusión de Stratvs en el Plan Especial de La Geria ya la convertiría en legal, aunque las instalaciones “fueran ilegales o disconformes” con la normativa “con anterioridad. Así, el Plan de La Geria, dice el catedrático, “tiene fuerza jurídica legalizadora” sin ni siquiera la “necesidad de expediente legalizador”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló de forma definitiva el Plan Especial de La Geria el pasado mes de febrero. De hecho, el tribunal rechazó el intento in extremis de Rosa de paralizar la sentencia sobre el planeamiento hasta que finalizara el juicio del caso Stratvs en la Audiencia Provincial.

Tras las sesiones Las Palmas de Gran Canaria, que todavía no tienen fecha, se entraría en la fase de conclusiones, con intervención de las acusaciones, ejercidas por la Fiscalía de Medio Ambiente y la asociación Transparencia Urbanística, y las defensas, tras lo cual el juicio quedará visto para sentencia.

Construido más de lo autorizado

De las sesiones que ya se han celebrado, destaca la admisión, por parte del arquitecto que hizo el proyecto inicial de Stratvs, Miguel Ángel Armas, también acusado, de que se construyó más superficie de lo que se autorizó. La Fiscalía, en el escrito de acusación, señala que se obtuvo autorización para un almacén de 900 metros y se construyó un complejo de 12.000 metros cuadrados.

Armas Matallana admitió igualmente que en su proyecto no aparecía el restaurante que se hizo después en el antiguo aljibe y que él no es responsable de esa construcción, porque son “edificios independientes”.

“Catástrofe para el patrimonio insular”

La actual directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, María Antonia Perera, declaró como perito, al haber sido durante años jefa del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo. En su intervención, aseguró que la construcción de Stratvs había sido una “catástrofe para el patrimonio insular”.

Perera destacó en el juicio el valor de una edificación antigua, que según la investigación habría sido destruida, lo que supuso un “daño incalculable”, y resaltó la importancia arqueológica del subsuelo de La Geria. El Cabildo llegó a incoar la declaración de un Bien de Interés Cultural, que luego no se culminó.

Suelo pagado 10 años después

Coincidiendo con el desarrollo del juicio, ha trascendido que entre noviembre de 2018 y enero de 2019, la empresa BTL, de Juan Francisco Rosa, hizo tres compras a las tres partes de la familia Negrín que poseían algo más del 16 por ciento (entre las tres) del total de la finca donde se asienta la bodega Stratvs. Miembros de la familia Negrín ejercieron la acusación particular durante buena parte de la instrucción del caso, hasta que llegaron a un acuerdo.

Otras dos ramas de la familia reclamaban el suelo por la vía civil. Hasta ahora no había trascendido el precio de la compraventa del terreno, cuyas escrituras se han incorporado a la causa que se sigue en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Rosa pagó entre 78.000 y 80.000 euros a cada una de las partes.

En total pagó 236.000 euros por algo más del 16 por ciento de la finca, por lo que el valor de mercado del suelo donde se asienta la bodega rondaría el millón y medio de euros. Una tasación pericial valoró el suelo en casi siete millones de euros, pero ya con la bodega construida.