La Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado la petición de la unión temporal de empresas Edam Janubio, controlada por FCC, de que se determine si el concurso de acreedores de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) fue culpable, por la responsabilidad de sus administradores, o no.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas dictó sentencia en septiembre de 2013 en la que aprobó el convenio con los acreedores de Inalsa. El convenio supuso el pago de unos 34 millones, la mayor parte para Endesa, Aguas Filtradas y la propia FCC, por el incumplimiento del contrato para construir una desaladora en Yaiza.

De esta manera, el convenio que fue validado por el Juzgado de lo Mercantil tenía una quita, es decir, una disminución en el pago de la deuda, del 21,7 por ciento, además de una espera de cinco años.

En noviembre de 2015, Edam Janubio interpuso un recurso de apelación para que se revocase la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y se dictase otra ordenando la apertura de la denominada fase de calificación, en la que se determina si la empresa llega al concurso de acreedores de manera fortuita o de forma “culpable”, como consecuencia de la responsabilidad grave del deudor.

En su sentencia, dictada el pasado 24 de febrero y notificada este jueves, la Audiencia Provincial entiende que el convenio para saldar la deuda de Inalsa fue “gravoso” para los acreedores. De esa forma se consideran aquellos que recojan quitas que superen un tercio de la deuda o con una espera superior a tres años, condición que se habría cumplido en este caso.

“Es de pura lógica”, señala la Audiencia, que si se cumplen las citadas condiciones, se trata de “un convenio gravoso para los acreedores, que tienen derecho a exigir la calificación del concurso”. Por ello, estima el recurso de Edam Janubio y rechaza la posición de Inalsa, que consideró que se trataba de una “cosa juzgada”.

Si se determina que el concurso de acreedores de Inalsa fue “culpable” y por tanto que la insolvencia de la empresa pública se generó o agravó por la gestión de los administradores de la época, se podría llegar a su inhabilitación para administrar bienes, entre otras responsabilidades.