La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) se ha reunido con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, la lanzaroteña María Teresa Lorenzo, para denunciar las trabas que considera que está acometiendo el Ejecutivo regional.

El colectivo considera que "se está dejando al margen de la ley" a un 90 por ciento de los propietarios canarios que se dedican al alquiler vacacional.

La presidenta de la asociación, Doris Borrego, ha asegurado que el decreto del alquiler vacacional aprobado por el Gobierno canario "no se ha usado para regular, sino para prohibir".

La asociación denunció a Lorenzo la problemática generada por el decreto que se aprobó dos días antes de las pasadas elecciones autonómicas y que "no se ajusta a la realidad ni a las demandas por parte de los propietarios que se dedican al alquiler vacacional".

Según ASCAV, se excluyen del reglamento las viviendas que se encuentran en suelo rústico o suelo turístico, lo que "atenta contra el derecho de libre competencia".

Para la asociación, el objetivo era regularizar la situación de “53.000 familias que se dedican al alquiler vacacional”, pero "el resultado es prácticamente la prohibición del 90 por ciento de estas propiedades", ha aseverado.

Borrego ha dicho que se ha transmitido a la consejera la preocupación por los propietarios que "se encuentran en la más absoluta ilegalidad y que se juegan sanciones económicas", por lo que se le ha requerido la "máxima urgencia y celeridad".

Además de pedir la “modificación urgente” de la normativa de las viviendas vacacionales “toda vez que excluye la posibilidad de tales alojamientos en las zonas turísticas y suelos rústicos”, también manifestaron la “necesidad” de regular la modalidad del ‘bed & breakfast’.

La asociación tiene previsto reunirse el lunes próximo en Madrid con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya ha pedido información a la Consejería de Turismo.