Dos técnicos del Ayuntamiento de Yaiza han declarado durante la primera jornada de la continuación del caso Stratvs que lo que se construyó no coincide con lo autorizado. La vista oral se ha reanudado este lunes por la mañana en Arrecife después de que la crisis del coronavirus dejara las declaraciones en suspenso el pasado 12 de marzo, cuando ya había comenzado el turno de los peritos.

Esos dos técnicos son Ana Isabel Díaz, arquitecta y actual jefa de la Oficina Técnica, y Vicente Bencomo, ingeniero técnico de Obras Públicas. Ambos participaron en este expediente porque otros compañeros estaban imputados en la causa, y giraron una vista a la bodega en 2013 en la que llevaron a cabo mediciones.

Díaz señaló que en el expediente no consta el acta de replanteo de la obra. También dijo que el certificado final de obra que se presentó no es válido ya que no es un certificado normalizado y que falta la firma del aparejador además de la del arquitecto, ya que ambas son necesarias. Además, también falta el informe de habitabilidad para la reforma de la vivienda transformada en tienda.

Tanto para ella como Bencomo, la nave principal de la bodega está enterrada. Sobre esta cuestión giraron gran parte de las preguntas para ambos peritos. Díaz dijo que el impacto visual de la bodega “no es importante” y que en situaciones normales esa superficie enterrada no computa.

Bencomo, por su parte, dijo que no midieron la altura de la nave donde está la bodega pero que tiene dos plantas. Señaló que está soterrada porque el terreno es un barranco y la rasante es variable.

Afirmó que desconoce dónde está el material extraído por el desmonte del terreno pero que si la propiedad lo hubiera solicitado se podía haber vertido en las zonas ajardinadas o en solares de propiedad municipal, y sin embargo no consta una solicitud de la bodega para depositar ese material. También declaró otro técnico municipal, de medio ambiente, Andrés Curbelo, pero sin trascendencia.

Irma Ferrer, abogada de Transparencia Urbanística.

Juristas del Cabildo

Declararon como peritos dos juristas del Cabildo de Lanzarote, Pilar Gómez y Pedro Fraile, que contestaron sobre el expediente sancionador abierto por la destrucción de unos socos para plantar unas palmeras. Los dos confirmaron que el expediente como Bien de Interés Cultural de La Geria estaba incoado cuando ocurrieron los hechos aunque luego caducase y que desde su inicio se cumplen los mismos condicionantes que si se hubiera aprobado.

Gómez dijo que se abrió el expediente porque se incumplieron las condiciones de la autorización para plantar las palmeras y Fraile subrayó que “lo que estaba claro es que no se podía destruir ningún soco”.

“Ponemos lo que el cliente nos dice”

Las defensas citaron a dos testigos relacionadas con el tratamiento de aguas. Marisol Orgaz, de la consultora que hizo un análisis de las aguas residuales de la bodega y Miriam Bautista, que elaboró una propuesta de sistema nuevo de depuración para la bodega.

Las dos afirmaron que no participaron en la recogida de muestras del agua, que se analizó la muestra que facilitó la empresa BTL, propietaria de la bodega y que por tanto no podían certificar de dónde procedían las muestras. “Nosotros ponemos lo que el cliente nos dice”, señaló Orgaz.

El abogado de Juan Francisco Rosa dijo que le producía sorpresa porque las muestras las recogió un funcionario público y que se hacían para el Consejo insular de aguas, pero la perito dijo que el informe se hizo para BTL y es a quien se pasó la factura.

Bautista aseguró que supervisaba los informes y que por petición de la empresa se revisó la instalación de depuración de aguas y realizaron una propuesta de mejora que nunca se llegó a ejecutar. Se diseñó un tratamiento para mejorar la cantidad de sólidos y para cumplir con la normativa  y se aclaró el agua para poder analizarla.

Abogados de las defensas.

Nuevo abogado de Reyes

El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, comenzó el juicio en enero señalando que no sabía ni de qué se le acusaba y que dejaba “en manos de sus señorías la decisión que se tome”. A Reyes lo defendía una abogada de oficio nombrada menos de un mes antes del comienzo de la vista.

Sin embargo, este lunes por la mañana tenía nuevo abogado: Juan Mira Ruiz, del bufete madrileño de Gómez Acebo & Pombo. Del consejo académico de ese bufete forman parte Luciano Parejo, que redactó el informe solicitado por Pedro San Ginés para legalizar los hoteles con licencia anulada, y Blanca Lozano, citada como perito en la anterior pieza de Stratvs por parte de la defensa de Juan Francisco Rosa.