La instrucción de todas las piezas del caso Unión ya va llegando a su fin. Tan sólo quedaban dos piezas: la que investiga el patrimonio de Dimas Martín y la llamada operación Jable, relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife y dos grandes empresas: Urbaser y FCC. Ahora ya sólo queda una. En esta última pieza ya hay escritos de acusación, entre ellos el de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística. Falta el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Con el cierre de la instrucción, tan sólo falta que se fijen las vistas orales de los juicios pendientes. Quedan por juzgarse la pieza de la casa de Los Rostros, que estaba prevista para este mes de noviembre y que se ha vuelto a posponer, por quinta vez, al mes de febrero; el juicio por el procedimiento del Jurado del soborno de Luis Lleó a Carlos Espino, que dio origen a la investigación y que se ha retrasado ya más de tres años desde que se conoció la acusación de Fiscalía en el año 2013, y queda por fijar la fecha de la otra pieza que acumula mayor número de imputados: las comisiones ilegales de miembros del PIL en Arrecife, de la que aún no se sabe cuándo será la vista oral a pesar de que la instrucción finalizó a principios de año.

Transparencia Urbanística, en la pieza de la operación Jable, pide que se sienten en el banquillo 17 personas, y dos más como participantes a título lucrativo, que supuestamente se habrían beneficiado de los delitos cometidos. Solicita penas que van desde los 22 años de prisión para la ex alcaldesa Isábel Deniz y el ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, hasta penas que no comportan cárcel, como el año de multa que se solicita para tres de los administradores de la sociedad Gamma Install: el actual presidente del Casino Club Náutico, Julio Romero y los ingenieros Rafael Corujo y Daniel Hernández.

La acusación se divide en tres partes. La primera tiene que ver con el contrato de la basura, la segunda con el de parques y jardines, y la tercera con el pabellón de Argana. Déniz y Arrocha están implicados en las tres y les piden ocho, ocho y seis años de prisión, respectivamente. El otro encausado que estaría implicado en las tres tramas es el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, al que le piden una pena que suma 19 años.

Los directivos de Urbaser, que fueron detenidos durante la operación, estarían implicados en dos tramas y les piden 16 años de cárcel en total. Se trata de Stephan Jean Balverde, Francisco Martínez Llerandi, Santiago Alonso, Manuel Martínez y el gerente de la empresa en la Isla, Jacinto Álvarez. A Dimas Martín y Matías Curbelo les piden ocho años de prisión a cada uno de los dos, por su participación en la primera de las tramas, al igual que al ex secretario de organización del PSOE y funcionario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Leal.

A Manuel Jesús Spínola, ingeniero del Cabildo y administrador de Gamma Install, le piden diez años de cárcel por su presunta participación en dos de los casos. Por último, dos directivos de FCC se enfrentan a la petición de seis años de prisión: Enrique Astorga y Enrique Hernández Martín, mientras que las parejas de Isabel Déniz y de Dimas Martín, José Domingo Abreut y Elena Martín, son considerados como participantes a título lucrativo.

Se les acusa prácticamente de todos los delitos relacionados con la administración: prevaricación, cohecho, alteración de concursos públicos, malversación de caudales, fraude, violación de secreto, infidelidad en la custodia de documento público, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental.

Las tres tramas

La primera trama trata sobre la adjudicación del concurso de recogida de basura en 2002, que se entregó a Tecmed, que después se convirtió en Urbaser. En este caso, según el escrito de acusación, Camero y Arrocha habrían permitido que la empresa que se llevó el concurso conociera las ofertas de las demás y le diera tiempo para incluir, de forma fraudulenta, unas mejoras voluntarias en el sobre de su oferta, todo ello con el visto bueno de la entonces alcaldesa y de Dimas Martín.

La oferta no sólo era lesiva para los intereses municipales, sino que, además, incumplía las condiciones del concurso. Lo que hicieron fue incluir como mejora la construcción de dos naves, lo que supuso una adjudicación directa y sin licitación de dos contratos de obra y dos contratos de elaboración de proyectos, que tenían que haber salido a concurso y que, en la práctica, hicieron que se triplicara el precio de licitación inicial.

Las naves costaron más de 8,6 millones de euros, aunque su precio de mercado debería haber sido mucho menor, mientras que el servicio de recogida de basura se adjudicó por un plazo de diez años y un precio anual de 2,1 millones de euros.

Arrocha, como jefe de la Oficina técnica, hace un informe en el que da por válidas las mejoras, y Gamma Install (a la que pertenecía el propio Arrocha) se hace cargo de la redacción de los dos proyectos de obra. Las naves eran innecesarias porque, según el contrato, la empresa ganadora debía aportar sus propias naves, y además se debían amortizar en un plazo superior al del contrato, por 25 años.

Según la acusación, el citado ingeniero del Cabildo y administrador de Gamma Install, percibió 172.000 euros por la dirección de obra, que compatibiliza con su trabajo en la Corporación insular, y Arrocha percibió diversas cantidades entre 2003 y 2005, como 78.000 euros entregados por Jacinto Álvarez, otros 15.000 euros, 21 viajes a Madrid, otras comisiones por valor de 12.000 euros y el coste de la reforma de su casa a costa de Urbaser. “Actuaban en el sector privado con expresa incompatibilidad de su cargo, autorizando en sus respectivos puestos de trabajo las obras encargadas a sus empresas”, asegura la acusación.

La segunda

El segundo contrato es el de parques y jardines y limpieza viaria, también adjudicados a Urbaser, iniciados en 1998 y modificados en el año 2002, así como sus continuas revisiones de precios. Los acusados se habrían concertado con los directivos de esta empresa “para justificar una subida de los precios imparable, camuflada bajo la excusa del ius variandi y permitir unas modificaciones tales que el resultado no se identifica en nada con el contrato original”.

Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife. Foto: De la Cruz.

Desde el principio del contrato, la empresa fue pidiendo, cada año, “ampliaciones del objeto del servicio, del personal o de los medios mecánicos y técnicos que supuestamente necesitaban”. Cuando quedaban dos meses para vencerse los cinco años iniciales de contrato se aprueba una prórroga de diez años más “y una contratación de plantilla amplificada en cinco veces con respecto a la plantilla inicial”. El precio también se multiplica por cinco, y en 2003 se establece como nuevo coste 1,8 millones al año.

Las modificaciones se fundamentaban en los informes favorables de Arrocha, que “solicitó una contraprestación de 180.000 euros que fueron abonados por el señor Francisco Martínez Llerandi en representación de Tecmed”. Sin embargo, todas las modificaciones eran “irregulares, caprichosas e ilícitas hasta el punto de suponer un contrato de prestación del servicio totalmente nuevo”.

Además, las revisiones de precio se aprobaban sin la consignación presupuestaria correspondiente. En diciembre de 2004 se pide una nueva revisión de precios, y según la acusación, tanto Arrocha como Isabel Déniz siguieron pidiendo otros 18.000 euros más a la empresa. “Otra forma de presionar para chantajear y seguir obteniendo comisiones ilícitas, fue el retraso en el pago de las facturas a Tecmed por parte del Ayuntamiento, generando una maraña de recursos y reclamaciones que el Ayuntamiento de Arrecife sigue sufriendo más de diez años después”, señala el escrito de acusación.

Durante la instrucción se consiguieron pruebas de los regalos y dádivas obtenidos por la ex alcaldesa y otros cargos, como dinero, viajes a Madrid y al extranjero, un Rolex, un bolso de Loewe, entradas para la ópera, estudios universitarios y residencia de sus hijos o la asistencia en el hogar, entre otros.

Pabellón de Argana

El pabellón de deportes se adjudicó en marzo de 2003 por 8,7 millones, acabó costando casi 12, se tuvo que cerrar por deficiencias graves y aún necesita una inversión de dinero público de más de un millón y medio. El Ayuntamiento permitió las certificaciones de obra y la entrega del pabellón a pesar de sus defectos estructurales.

Según el escrito de acusación, cuando la obra, que se tenía que haber hecho en 14 meses y tardó cuatro años, ya debía estar entregada, la empresa FCC, que había sido la adjudicataria, solicita las primeras modificaciones del contrato, “algunas tan sorprendentes como una nueva instalación eléctrica y que supusieron un aumento de casi un 20 por ciento del presupuesto de licitación”.

La demarcación del Colegio de Arquitectos de Lanzarote había formulado recurso de reposición poniendo de manifiesto que se adjudicó en un solo concurso la elaboración del contrato y la ejecución de una obra pública, algo que consideraban irregular.

En enero de 2007 se aprueban más obras complementarias, que suponen un ocho por ciento más del presupuesto inicial. Arrocha, según la acusación, recibió 30.000 euros más por informar favorablemente los modificados de obra y la conformidad de los certificados, mientras que la ex alcaldesa, Isabel Déniz, disfrutó de un viaje a Marruecos pagado por FCC para ocho personas, entre las que se encontraba su hermana, la jueza Carolina Déniz, y que costó 13.000 euros.

Valoraciones

En el escrito de acusación de Transparencia Urbanística se señala que “los hechos delictivos descritos han quedado marcados en la historia de la corrupción de la isla; el rechazo social y el hastío se han cursado por las vías democráticas, los electores expulsaron de las instituciones públicas a la alcaldesa y su grupo de gobierno, sin embargo, los técnicos implicados no han sido apartados de sus cargos, siguen en el ejercicio activo de sus funciones y cobrando de las instituciones públicas”.

“Los acusados -continúa- no han dado muestras de ser conscientes de la gravedad de sus actos, ni de algún tipo de arrepentimiento, ni de reparación del daño, dedicando su actividad durante la fase instructora a dinamitar el procedimiento, recurriendo todas las resoluciones judiciales, y atacando pública y jurídicamente a la UCO, a los fiscales, a los jueces instructores y a esta acusación popular, a través de los mismos medios de comunicación que quedan retratados en la instrucción”.

Transparencia Urbanística califica la trama como un “espectáculo de pornografía política verdaderamente obsceno” en referencia a las anotaciones de Jacinto Álvarez en su libreta, un 'diario de la corrupción' que es una de las pruebas más valiosas en la instrucción. Para la acusación popular, “la historia del Ayuntamiento de Arrecife es la historia del urbanismo criminal y de la corrupción llevada hasta la náusea. La metástasis que los acusados dejaron en el municipio con estas prácticas corruptas sigue desarrollando sus efectos perversos en la capital de la Isla”. También señalan que “la impunidad de la que durante tantos años disfrutaron solo terminó con la entrada y registro del Ayuntamiento por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil”.

Hace especial hincapié en el papel de Isabel Déniz, cuyo patrimonio se valora en más de tres millones de euros, de los que al menos 400.000 son de origen no justificado. Déniz ocupaba “la cúspide del Ayuntamiento y gobernaba la cadena de mando”, junto al secretario de la Corporación que debía supervisar el cumplimiento de la legalidad, mientras que Rafael Arrocha ocupaba un papel clave porque le correspondía la función de control y fiscalización para la contratación de la ejecución de obras, la gestión indirecta de servicios públicos o la revisión de precios.